La FGR y la PNC concretaron en San Salvador y Santa Ana, las capturas de tres presuntos tratantes a quienes se les atribuye la participación en el desarrollo de adopciones fraudulentas y por los que cobraban cantidades entre los $2,500 y $5,000
Tres personas, entre ellos una licenciada en Ciencias Jurídicas, han sido capturadas este sábado, después que se estableció la participación en el delito de Trata de personas en la modalidad de Adopciones Fraudulentas, y se ha documentado un caso ocurrido en el año 2020.
La Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas dio a conocer que de forma conjunta con la PNC, se hicieron efectivas las órdenes administrativas de captura contra Katia Lissette Barahona Gutiérrez, Xiomara Ignacia Zuleima Acosta Magaña y Fernando Josué Quintanilla. Las detenciones se han realizado en sus viviendas ubicadas en Aguilares, en San Salvador y Texistepeque, en Santa Ana.
La principal sospechosa en este caso es la supuesta abogada, Barahona Gutiérrez, profesional del derecho quien se hacía pasar como abogada y notario, y que además cobraba cantidades entre los $2,500 y $5,000. Ella, era apoyada por las actuaciones que hacían Acosta Magaña y el señor Quintanilla, quienes se dedicaban a la búsqueda de madres y sus bebés, según las solicitudes de las personas interesadas.
Katia Lissette Barahona Gutiérrez, tenía a su cargo una página en redes sociales en donde realizaba los primeros contactos con mujeres en estado de embarazo y que se mostraban interesadas en dar a sus hijos en adopción. Una vez se contactaba a la mujer que aceptaba el trato, los otros dos involucrados le daban seguimiento al caso hasta ubicarla y prestarle los servicios necesarios para que el parto no sufriera complicaciones.
Es así como las investigaciones de Fiscalía y Policía, establecieron que a ellos se les entregó un recién nacido. Fue a través de diferentes documentos elaborados por la supuesta abogada que le hicieron creer a la madre biológica que se encontraba en un proceso legal, por ende estaba obligada a cumplir el trato, de no ser así, le decían que podría ir a la cárcel por incumplir el contrato. Fue así como apartaron al bebé de la madre biológica.
Con todo lo anterior, se demuestra que actuaron contrario al proceso legal que regula la Ley Especial de Adopciones de El Salvador y en consecuencia serán remitidos a un juzgado competente en un plazo no mayor a 72 horas.
