Chalatenango. Siete miembros de una estructura terrorista recibieron la pena de ocho años de prisión, por el delito de Extorsión, después de que fueron encontrados culpables por un Tribunal, por exigir US$100.00 a cambio de la vida de la víctima; el hecho ocurrió en el mes de febrero de 2019 en el municipio de Concepción Quezaltepeque del departamento de Chalatenango, explico el jefe de esta oficina fiscal Andrés Amaya.
En el informe de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Privado de esta oficina fiscal señala que, en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, el 11 de enero de 2021, se instaló la Vista Publica contra Juan Ramón Yanes López, Neftali de Jesús Rivas Landaverde, Emmanuel de Jesús Sánchez López, José Fredy Yanes Peña, Carlos Enrique Hernández Castro, Jonathan Guevara Navarro y Ernesto Antonio Castro Escobar; por el delito de Extorsión.
Durante el juicio, la representación fiscal expuso una serie de elementos probatorios, que se lograron recopilar durante la investigación, lo que dejo claramente establecido la participación de los siete imputados en la extorsión, en perjuicio de una de su víctima protegida de clave “Zeta 2-2019”, donde el tribunal concluyo que los siete imputados son culpables del delito de Extorsión, emitiendo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión cada uno.
Consta en la denuncia que, a principios del mes de febrero de 2019, los imputados se le acercaron a la víctima; y fue Emmanuel de Jesús Sánchez López, que portaba un arma de fuego le dijo que tenían órdenes de matarlo si no les entrega la feria exigida a finales de enero de ese año, debido a las amenazas la víctima les entregó US$100.00, otro de los imputados le dijo que se mantuviera pendiente que le avisarían si querían más feria, así se retiraron del lugar.
Los imputados fueron detenidos mediante orden de detención administrativa girada por el Fiscal del caso, el día 30 de abril de 2019, y de acuerdo a las pruebas presentadas en la audiencia como: Denuncia de la víctima, Reconocimiento en Fila de Personas, inspección del lugar del hecho, informe de movimientos migratorios, certificación de antecedentes penales, declaración de la víctima en juicio y la declaración de los investigadores asignados a la investigación.
