San Salvador. Tras varias semanas de juicio en el que ha desfilado abundante prueba pericial, documental y testimonial, los reportes financieras realizados en el caso Saqueo Público determinan que los exfuncionarios procesados planificaron un sistema para desviar $351 millones de dólares del Estado a manos de funcionarios, empleados públicos y personas particulares.
También, se ha logrado detallar la responsabilidad que los imputados tenían sobre la administración de fondos públicos y cómo se aprovecharon de sus cargos para hacer uso de estos.
Otro de los elementos que está quedando en evidencia, afirmó una de las fiscales del caso de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, es el sistema de presta nombres y sus empresas, la simulación de documentos y la utilización del sistema financiero para el desvío de los fondos públicos.
Los beneficiados de forma ilícita, utilizaron ese dinero para compras y remodelación de propiedades, compra de vehículos, viajes de funcionarios y sobornos, entre otros.
La pretensión de la Fiscalía General de la República es que los 10 imputados, entre exfuncionarios y empleados de casa presidencial -en el periodo del exmandatario Mauricio Funes, comprendido del 2009 al 2014- sean condenados penal y civilmente.
El proceso complejo y extenso que consta de 1,300 piezas, está bajo la responsabilidad del Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador.
