San Miguel. La coordinadora del equipo de fiscales antiextorsión de la oficina de San Miguel aseguró que un grupo de 29 pandilleros de la MS, entre ellos, los responsables de quitarle la vida a un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) en el centro de San Miguel, recibieron condenas hasta de 63 años de prisión.
Otros fueron sentenciados a diferentes penas de cárcel de 20, 23 y 24 años, por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada hacia diferentes víctimas, a quienes les exigían bajo amenazas de muerte la entrega de 7 y 20 mil dólares en forma semanal, quincenal y mensual.
Wilber Alexander Portillo Amaya, integrante del grupo Amargura de la MS que operaba entre los años 2013 y 2017 en el centro de San Miguel, recibió una condena de 63 años por el Homicidio Agravado en perjuicio del sargento de la PNC, José Manuel Guardado Serrano, así como por los delitos de Extorsión y Agrupaciones Ilícitas.
La representante fiscal detalló también que, Luis Alexander González López estará en la cárcel sus próximos 43 años por el crimen del sargento antes mencionado y por agrupaciones ilícitas.
El miembro de la corporación policial fue acribillado a tiros el 4 de noviembre del año 2016, frente a la caseta policial que estaba ubicada en el centro de San Miguel.
Otro de los terroristas de esta clica, José Edgar Geovanny Amaya Umaña, purgará una pena de prisión de 30 años por el crimen del taxista Amilcar Elenilson Machuca Molina, cometido el 7 de junio del año 2016, siempre en el centro de San Miguel.
Extorsionistas
Otro integrante del grupo delincuencial de la MS, Jeafry Rafael Girón Madrid, fue sentenciado a 24 años de prisión por extorsión y agrupaciones ilícitas.
Y Ever Mauricio Orellana Torres, Nancy Lisseth Ramos Rodríguez, Manrique Antonio Guevara Amaya y Yolanda Marisela Rivas Rodríguez recibieron una pena de prisión de 23 años, por los mismos delitos. A seis mareros más también les impusieron penas de 20 años.
16 mareros más recibieron sentencias de 3 y 4 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las condenas fueron impuestas por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel que validó las pruebas testimoniales, periciales y documentales.
