Santa Ana. Diferentes penas de prisión fueron aplicadas a 16 miembros de una estructura que operaba a nivel nacional y regional, desde hace varios años, llevando de manera ilegal a personas nacionales y extranjeras hacia Los Estados Unidos de América. Así mismo, la FGR impulsa un proceso de extinción de bienes que estos sujetos obtuvieron de forma ilícita hasta por un monto de 1.8 millones de dólares.
La Unidad Especializada de Delitos de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la FGR dio a conocer que el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana desarrolló la vista pública en contra de los imputados a quienes se les atribuyeron delitos de Tráfico Ilegal de Personas y Agrupaciones Ilícitas.
Fue en agosto del año 2019 cuando la FGR concluyó las investigaciones que derivaron en las órdenes administrativas en contra de los involucrados.
Las investigaciones determinaron que esta estructura operaba en las zonas Oriental, Paracentral y Occidental del país, y trasladaron ilegalmente s varios grupos de personas conformados por 5 a 25 personas, en distintas fechas y se demostró el modo en que operaban. ofrecían viajes ordinarios y especiales a costos que oscilaban entre los $8,000 y $12,000.
Sobre las condenas, el reporte detalla que, a los acusados Marlon Osiris Magaña Guevara, Joaquín Arnoldo Loy Rodríguez, Guadalupe Leonel Paz Blanco, Miguel Ángel Serpas Cárcamo, Aldo Armando Escobar Ávalos, José Israel Cruz Escobar, Juan Francisco Flores y Carlos Alberto Menjívar Lemus, fueron condenados a 10 años de prisión por Tráfico Ilegal de Personas y les sumaron 4 años de cárcel por delito de Agrupaciones Ilícitas, haciendo un total de 14 años de cárcel.
Sancionados con 10 años: José Alonso Rivera Jurado, Franklin Geovany Portillo Martínez, José Baltazar Roque Rivera y Carlos Ernesto Escobar Rivas, fueron condenados a 6 años de cárcel por el delito de Tráfico ilegal de personas y se les impuso una pena de prisión de 4 años por Agrupaciones ilícitas.
A Julio César Arriola Zamora, se le impusieron 4 años por el delito de Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En cuanto a los imputados Carlos Armando Umanzor Flores y Gustavo Adolfo Umanzor Flores, se les impuso pena de prisión de 3 años con cuatro meses por Tráfico ilegal de personas y se les sumó un año con ocho meses de cárcel por Agrupaciones ilícitas; mientras, a José Arnoldo Ayala Nolasco, se le impuso 2 años de prisión por Tráfico ilegal de personas y 1 año por Agrupaciones ilícitas, dichas penas no fueron reemplazadas, por lo que deberán permanecer confinados tras las rejas.
Las actividades delictivas les generaron exorbitantes ganancias ilícitas a través de las cuales los miembros de la estructura adquirieron gran cantidad de bienes inmuebles, bienes muebles, negocios y empresas, reflejándose incrementos patrimoniales injustificados. En tal sentido, la FGR ha emprendido de forma independiente procesos judiciales para lograr la extinción de dichos bienes y que sean transferidos a favor del Estado por un valor estimado en 1.8 millones de dólares.
