La Fiscalía General de la República concretó este viernes el denominado “decreto de medida cautelar” emitido por una autoridad judicial, esto en relación a una considerable cantidad de efectivo y un vehículo que provienen de actividad ilícita como lo es el lavado de dinero. Con este primer paso se pretende que dichos bienes sean despojados y transferidos a favor del Estado.
Así lo dio a conocer la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio que detalló que uno de los procedimientos de materialización consistió en identificar e intervenir la cantidad exacta de $5,534.38, que se encuentran en la sección de Fondos Ajenos en Custodia, en el Ministerio de Hacienda.
De igual forma, otra materialización se efectuó en un vehículo liviano en el parqueo de la Policía Nacional Civil de la Colonia Altos de Piedra, departamento de Usulután. En ese lugar, se identificó al que posee los siguientes registros: placas P-916-193, marca Kia, color blanco, tipo camión del año 2020.
Es así como en los próximos días la FGR presentará ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, la correspondiente solicitud para que se concrete el despojo de los mismos, ya debidamente identificados en la que consta y se fundamenta la actividad ilícita de la que provienen.
En cuanto a los hechos, la FGR agrega que los bienes intervenidos fueron decomisados el 27 de abril del año 2020 en Usulután, cuando una patrulla policial al realizar un registro rutinario descubrió que llevaban la cantidad dineraria ya descrita. Al ser interrogados los dos ocupantes del vehículo no justificaron la procedencia legal del dinero.
El automotor está registrado a nombre de Carlos Salvador Escobar Calderón, mientras que el efectivo lo portaba Cristian Elizardo Medrano Vela, quienes actualmente son procesados por la vía penal por el delito de Casos especiales de lavado, según consta en las investigaciones.
La acción de extinción de dominio la ejerce la FGR, a través de un procedimiento judicial de naturaleza civil y autónomo del penal. Sobre la procedencia ilícita o injustificada de los bienes se busca la declaración de titularidad a favor del Estado por medio de sentencia de autoridad judicial.
