Durante la celebración de la audiencia oral y pública de seguimiento al proceso de inconstitucionalidad relacionado a la Ley de Amnistía General para la consolidación de la Paz, la Fiscalía General de la República a través de su Unidad de Investigación de delitos Cometidos durante el Conflicto Armado, dijo que hay 26 casos judicializados y que las leyes aplicadas en esos procesos son de 1973 y 1974; mientras que el resto de los casos se encuentran en investigación.
Según manifestó el coordinador de la unidad, Julio Larrama, entre esos casos judicializados se encuentran los del río Sumpul, monseñor Romero, Caso Jesuitas; incluso, hay un caso que procesa en la jurisdicción de menores, porque el imputado tenía 17 en el momento que se sucedieron los hechos; por lo cual, se capacita a los fiscales en cómo abordar a las víctimas de estos hechos ocurridos hace muchos años.
En la actualidad hay 206 casos de crímenes de guerra que deben procesarse con el Código Procesal Penal vigente, para lo cual se debe hacer un mapeo de casos que probablemente se encuentren archivados.
La FGR ha realizado 20 exhumaciones o prospecciones de exhumaciones para solicitar la autorización judicial para exhumar, dijo Larrama.
También la Fiscalía se ha encontrado con obstáculos fuertes para realizar la investigación, como cuando se ha solicitado información al Ministerio de Defensa, a lo cual ellos manifiestan que no los tienen, o la información que han entregado solo se refiere a jefes, y no ha datos de operaciones militares, ya que manifiestan no tenerla.
La Fiscalía a buscado otros medios para probar los hechos, son casos de hace 30 años, multiplicidad de víctimas, masacres y multiplicidad de perpetradores. No es fácil de investigar. Se ha ido fortaleciendo la unidad hay más personal y Naciones Unidas ha proporcionado ayuda para avanzar con las investigaciones.
Otra de las acciones que se han realizado, es el acercamiento a colectivos de derechos humanos, para auxiliarnos con las investigaciones y clarificarse los hechos. Se ha contado con el apoyo de la policía al otórganos cinco investigadores que colaboran desde el año 2019, los cuales no son suficientes, ya que las direcciones funcionales que se les giran son muchas, a las cuales no alcanzan a dar cumplimento como es necesario.
Para finalizar el coordinador Larrama explicó que, en el caso de la negativa de ingreso a las inspecciones a las diferentes guarniciones militares, es al juez a quien le corresponde abrir la investigación, porque están con la normativa procesal del 74, las acciones las está tomando el juez; la Fiscalía ha tomado nota del caso, y esperan certificación de los incumplimientos sucedidos en las diferentes sedes del Ministerio de la Defensa.
