Fiscalía presentó acusación contra 564 cabecillas y pandilleros de la estructura Barrio 18 sureños y revolucionarios por 14,497 imputaciones por crímenes cometidos entre 2012 y 2026
San Salvador Este Con el propósito de hacer justicia para las familias salvadoreñas que por años fueron víctimas de los pandilleros de la estructura Barrio 18 sureños y revolucionarios, la Fiscalía presentó dictamen de acusación contra 564 cabecillas de esa estructura por crímenes cometidos entre 2012 y 2026 a nivel nacional.
A los cabecillas se les suman 14,497 imputaciones, las cuales están respaldadas con suficiente evidencia en la acusación presentada ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3. Entre los sujetos acusados están: José Timoteo Mendoza Flores, alias chory one de La Unión; Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias payaso de San Martín; Melvin Alexander Alegría Solórzano, alias muerto del Parque Libertad; César Daniel Renderos Díaz, alias muerto de Las Palmas; Anthony Javier Pleitez Amaya, alias centinela de la IVU; Víctor Antonio Cerón García, alias duke de la IVU y Jefry Isaac Corvera Morán, alias xochitl de la IVU.
De acuerdo al Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Múñoz, a los terroristas se les atribuye el delito de pertenencia a una organización terrorista, el cual contempla la pena de la pena perpetua. Además, son acusados por rebelión al haber intentado imponer un estado criminal, atribuyéndose facultades propias de Estado, y utilizaron la violencia instrumentalizada para causar terror a la población salvadoreña.
En ese sentido, comentó que entre esas imputaciones están las cometidas en el año 2015, como el atentado contra la Delegación Policial de Quezaltepeque; el atentado contra el Centro Judicial Isidro Menéndez en el que murió un miembro de seguridad; así como el ataque con explosivos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y la movilidad de una granada fragmentaria, M 67, hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (2014). Para todos los ataques, los cabecillas habrían dado la orden de dar entrenamiento militar a los pandilleros para posteriormente ejecutar ataques contra el sistema.
Además, se les atribuyen 269 casos entre homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y otros. Entre los crímenes más sangrientos cometidos por orden de los cabecillas de la pandilla 18 Sureños, está el homicidio agravado de un agente policial y su hija en La Campañera, Soyapango, el 06 de julio de 2015. Los pandilleros tenían la directriz criminal y autorización permanente de asesinar a miembros del sistema de seguridad, y el patrón sistemático para la eliminación de testigos de los crímenes en la zona.
Bajo esa misma directriz se cometió el asesinato de dos agentes policiales en una emboscada en el terreno rústico conocido como “La Tabacalera”, ubicado al costado de la Comunidad El Paraíso, cantón La Flor, municipio de San Martín, departamento de San Salvador. El crimen se cometió el 12 de abril de 2016.
También a los cabecillas de la pandilla 18 revolucionarios, se les acusa de haber ordenado la masacre contra 11 trabajadores en el caserío La Flor del cantón Agua Escondida, San Juan Opico, La Libertad, el dos de marzo de 2016. Los homicidios agravados se cometieron por considerar que los trabajadores eran amenaza para su control territorial y que no representaban los intereses económicos de la estructura.
A esos mismos cabecillas se les atribuye la masacre cometida el 30 de marzo de 2015 contra 9 personas que laboraban como motoristas de furgones. Las víctimas fueron atacadas cuando estaban ubicadas en el parqueo para furgones ubicado cerca del desvió de San Juan Opico, del distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Norte, Departamento de La Libertad; los terroristas consideraron que tenían vinculación con pandillas rivales por vivir en zonas donde dominaba ajenas a la controlada por ellos y representaban una amenaza para su control de territorio y para sus intereses económicos.
Entre los acusados, 474 son reos presentes y 90 ausentes. La Fiscalía busca hacer justicia para las familias salvadoreños y que cabecillas criminales sean condenados a penas perpetuas o ejemplares por las órdenes brindadas para cometer crímenes.
