San Salvador. El Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal en contra de 16 exempleados y funcionarios de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, así como contra 2 empresarios, por los delitos de Peculado, Lavado de Dinero y Activos, a los imputados se les vincula con el desvío de US$183,860,715.02, provenientes del Estado.
Los implicados están acusados de conformar una compleja red de corrupción dentro de Casa Presidencial (CAPRES) para sacar dinero de la partida de Fondos Reservados de la Presidencia hacia personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con dicha entidad del Estado.
Los imputados presentes en este requerimiento son: Jorge Antonio Revelo Vega, jefe del Estado mayor Presidencial; Daysi Armida Díaz Álvarez, tesorera institucional de la Presidencia; Manuel Arturo Ayala Orellana, director ejecutivo de la Presidencia; Alexander Benítez Peña, propietario del taller Frenos y Más.
El juzgado también ha intimado a Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, asistente financiero de la Presidencia, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero institucional de la Presidencia, quienes guardan arresto domiciliar por también estar vinculados al proceso penal en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena.
Los demás procesados en el caso son: Salvador Sánchez Cerén, expresidente de la República -período 2014-2019-; José Manuel Melgar Henríquez, exsecretario privado de la presidencia; Edgar Lizama Rivera, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Carlos Ernesto Guerrero Ventura, gerente financiero institucional; José armando escobar Barillas, jefe de presupuesto de la presidencia; William Oswaldo Vaquero León, colaborador en el Estado Mayor Presidencial (EMP); Carlos Guardado, seguridad del expresidente Cerén y propietario del taller “box car”; Arturo Gilberto Alvarado, jefe del EMP; Gregorio Abarca Palacios, empleado del OIE; Carlos Armando Miranda Díaz, pagador auxiliar del EMP, y José Saúl Osorio Rodríguez, empleado del EMP y refrendario de cuentas.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, el cual ha determinado que la audiencia inicial se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 9:30 a.m.
