Fiscalía logra que miembros de red de narcotráfico sigan detenidos mientras avanza proceso en su contra
San Salvador. La Fiscalía General de la República logró que se decrete instrucción formal del proceso con detención provisional contra los integrantes de una estructura dedicada a la narcoactividad en la modalidad internacional, la cual era dirigida por William César Leiva Hernández.
Este es un nuevo proceso en contra del referido líder de la red y actualmente cumple condena de 28 años de cárcel por otro caso.
Entre los imputados que se les decretó la instrucción con detención está: Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate.
La investigación de este caso inició a finales del 2023, y se descubrió que estas personas estaban ligadas al accionar del guatemalteco Luis Alfredo Arias Zuleta, quien era responsable de proveerles la droga desde Guatemala, pero fue asesinado por sicarios el 3 de diciembre 2024 en esa nación. En El Salvador, Leiva Hernández era el que dirigía la organización y entre otras personas que le colaboraban figuran un médico y una enfermera, quienes proveían los medicamentos que utilizaban para adulterar la droga que ellos preparaban.
A los miembros de la estructura se les acusa de los delitos de tráfico ilícito en modalidad internacional, encubrimiento personal, cohecho, cooperación en el tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas.
Gracias a la investigación realizada, los imputados fueron capturados el pasado 13 de febrero, cuando se realizaron allanamientos en San Salvador como en otros departamentos del occidente del país.
Además se les incautó $43,350,000 así como 9 vehículos y otros objetos de interés para la ampliar las pesquisas. Además, se decomisó varios tipos de drogas como éxtasis, metanfetamina, marihuana, más de 5 kilos de cocaína, medicamento controlado consistente en 106 cajas de rivotril y otros que próximamente serán destruidos con orden judicial.
La resolución fue emitida por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
