Fiscalía logra que bienes adquiridos con fondos Públicos por el expresidente Saca, pasen a manos del Estado
Tras el debido proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que 25 inmuebles y 8 productos financieros relacionados al caso de peculado y lavado de dinero del expresidente Elías Antonio Saca González, pasen a administración y titularidad del Estado. Los bienes están valorados en $9.6 millones de dólares.
Según el informe brindado por los fiscales, los 25 inmuebles tienen un valor de $ 7,539,533.18 y los productos financieros equivalen a $2,036,947.90.
De acuerdo a las investigaciones, Saca creó una estructura que utilizaba 7 sociedades fachadas para el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos para beneficio propio; a través de esas sociedades controladas por el expresidente se adquirieron los inmuebles en su mayoría en zonas exclusivas del área de La Libertad y San Salvador.
El movimiento del dinero se realizó mientras él era presidente de la República en el período 2004-2009. Unas sociedades funcionaron como puentes principales para recibir y distribuir los fondos peculados; luego, el dinero fluyó hacia otras tres que sirvieron como fachada y receptoras finales del dinero y bienes.
Según el esquema, los fondos públicos extraídos de casa presidencial se distribuyeron en cinco sociedades con los siguientes montos:
- Sociedad 1 $2.3 millones y adquisición de 4 inmuebles
- Sociedad 2 $1.8 millones y control de 8 propiedades
- Sociedad 3 $1.7 millones y tenía la mayor parte de bienes a su nombre (11 bienes).
- Sociedad 4 $1.6 millones y 1 inmueble de alto valor en zona privilegiada
- Sociedad 5 $2.9 millones y 1 inmueble de alto valor.
Las propiedades están ubicadas en Zacatecoluca y El Rosario, departamento de La Paz; Tecoluca, San Vicente; Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad (4); Santa Tecla (5) y Zaragoza, La Libertad; y San Benito, San Salvador.
En el fallo emitido por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también se ordena la disolución de las sociedades que se utilizaron como fachada para lavar el dinero.
Una vez la sentencia quede en firme, todos los bienes pasarán a manos o titularidad del Estado para su administración.
Antonio Saca fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero, y con esta acción la FGR está garantizando que se le devuelva al Estado lo que sustrajo de manera ilícita, mientras duró su mandato.
