Las pruebas obtenidas por la FGR establecen que el exalcalde de Yucuaiquín y el contratista pactaron actos contrarios a la ley, en el marco de la ejecución de un proyecto de construcción de una obra municipal entre los años 2012 al 2015.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción confirmaron las detenciones administrativas del exalcalde del municipio de Yucuaiquín, en La Unión y del representante legal de una sociedad empresarial, involucrados en la construcción de una obra no justificada y lo que derivó en dádivas ante el considerable desembolso de fondos municipales.
El informe de los fiscales asignados detalla que se trata del señor Carlos Ernesto Gutiérrez Villatoro, quien está acusado por los delitos de Cohecho propio e Incumplimiento de deberes. Esta persona ejerció como alcalde de esa localidad, durante el periodo del 1 de mayo del año 2012 al 30 de abril del 2015.
En el mismo proceso está involucrado Carlos Arturo Mejía, a quien se le atribuye el delito de Cohecho Activo. Él es representante legal de la Sociedad M&M, S.A. de C.V.
Las investigaciones desarrolladas han llegado a establecer que están relacionados principalmente en la recepción de dádivas por un monto que totaliza la cantidad de US$32,000.00, por parte del exedil Gutiérrez Villatoro; dinero que le fue entregado por el contratista Mejía.
Ambos imputados, realizaron actos contrarios a sus deberes, entre los que se señala que como municipalidad se acordó priorizar el proyecto denominado “Construcción de Alcaldía Municipal y Salón de Usos Múltiples”.
“Se ha determinado que no hubo justificación técnica para la realización del proyecto, y para el que no existía presupuesto suficiente para llevarlo a cabo, entre otras conductas de favorecimiento”, señala uno de los fiscales del caso.
Por el momento, el requerimiento se está fundamentando con los elementos de prueba que se han obtenido a lo largo de la investigación y otras que se obtuvieron al realizar los allanamientos en las viviendas de los involucrados en San Miguel y Nahuizalco, Sonsonate.
Serán remitidos en un plazo no mayor a las 72 horas, ante un Juzgado de Paz de la jurisdicción en donde cometieron los ilícitos.
