San Miguel. Fiscales del Grupo Antiextorsiones, de la oficina de San Miguel, demostraron a través de diferentes pruebas que Carlos Antonio Lazo Reyes, miembros de la MS, era el responsable de hacer llamadas telefónicas para coaccionar la entrega de dinero de forma mensual.
A través de diversas técnicas de investigación, la fiscal del caso estableció que el imputado ordenaba a otras personas recoger el dinero exigido o retirarlo a través de los servicios de depósitos de una compañía telefónica.
La víctima comenzó a ser extorsionada desde principios del año 2017, cuando se le exigió la entrega de US$100.00 mensuales. Tres de las entregas se realizaron en el mes de febrero, marzo y abril de ese año.
El Juzgado Segundo de Sentencia validó las pruebas de cargo presentadas en el juicio por la representación fiscal y lo condenó por el delito de Extorsión Agravada.
