San Salvador. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, participó este jueves en el desarrollo de una audiencia de cumplimiento de acuerdo y justicia restaurativa para una víctima de secuestro, ocurrido en el marco del conflicto armado en nuestro país. Como parte del proceso de reparación que solicitó la víctima, el imputado reconoció su participación en el hecho. Tanto la víctima como el imputado estuvieron presentes.
El evento desarrollado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en esta capital, y coordinado por el Juzgado de Menores de la ciudad de San Miguel, se realizó el acto simbólico en la cual se dio lectura a un escrito presentado por el autor confeso del secuestro, donde acepta y reconoce el daño emocional y psicológico que sufrió la víctima. Fiscales a cargo de la Unidad de Crímenes del Conflicto Armado explicaron el largo camino que hubo que recorrer para lograr justicia, en este caso.
La víctima, quien para inicios de los años 80 contaba con escasos 17 años, fue secuestrada en el departamento de Usulután el 7 de diciembre de 1986 por guerrilleros pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que conformaban el FMLN; y fue liberado el 13 de enero de 1987, luego de cancelar la cantidad de 50 mil colones, más otros objetos de gran valor para el uso de los campamentos guerrilleros.
En ese entonces y debido a la existencia de innumerables hechos de violación a los derechos humanos el caso no fue investigado a fondo y de esa forma aparentemente quedó en la impunidad.
Fue hasta el mes de octubre de 2018, que fiscales pertenecientes a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado promovió el caso a nivel judicial, encontrando serios tropiezos por las diferentes instancias legales y judiciales de la zona oriental del país.
Finalmente, la Cámara de Menores de la Sección de Oriente con sede en San Miguel declaró el caso como un delito de lesa humanidad y por ende sin posibilidades de prescribir, ordenando la Cámara que el mismo se siguiera conociendo por el Juzgado de Menores de San Miguel.
En esta instancia y en común acuerdo con las partes técnicas, pero especialmente entre la víctima y el encausado, se logró un acuerdo conciliatorio.
Esa conciliación ha sido la herramienta para que se revistan los acuerdos logrados de justicia restaurativa y transicional, para que se conozca la verdad de cómo sucedieron los hechos y como garantía ante ésto se tiene que casos como el descrito no se repitan.
