San Salvador. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, rindió su informe anual con la entrega de la Memoria de Labores 2019-2020 ante los diputados de la Asamblea Legislativa, según lo manda la Constitución de la República.
El Fiscal General destacó ante el Pleno Legislativo, que desde su llegada tomó acciones inmediatas fortaleció diferentes áreas para lograr una efectiva investigación y persecución del delito en sus diversas manifestaciones, con el firme compromiso de llevarle paz a las víctimas y garantizar su derecho de acceso a la justicia.
Dentro de este fortalecimiento se realizó una evaluación interna que permitió construir un plan de modernización institucional alrededor de tres pilares claves: el Recurso Humano, Equipamiento Tecnológico para modernizar las investigaciones y el mejoramiento de la Infraestructura Institucional.
Además, manifestó que, desde junio del año 2019, se han atendido más de 90 mil víctimas y más de 200 mil denuncias y se iniciaron procesos judiciales contra más de 75 mil imputados. Número crece año con año. La necesidad de incrementar los recursos financieros para dotar a la Fiscalía, de recurso humano y en especial de equipo para dar respuesta al incremento de la delincuencia y el crimen organizado, es URGENTE.
“La necesidad de justicia por parte de la sociedad salvadoreña no puede ser relegada”, dijo el Fiscal General Raúl Melara.
Se iniciaron procesos judiciales contra 76,643 imputados como parte de los 44,079 casos que fueron presentados ante los tribunales.
Una de las apuestas Institucionales para mejorar la efectividad de la investigación del delito es el uso de la tecnología para obtener prueba científica. Esto requiere de dispositivos modernos, para el tratamiento avanzado de la información. Necesitamos equipar a la Institución con tecnología para hacer frente a las nuevas modalidades de delitos que utilizan los delincuentes.
“La Fiscalía General de la República no cuenta con un edificio propio. Este año, se logró que se ratificara el préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica destinado para la construcción, equipamiento y modernización de las oficinas centrales. Esperando que, en un futuro cercano, podamos contar con oficinas accesibles, funcionales, centralizadas y debidamente acondicionadas, que generará un ahorro de recursos y agilizar el trabajo”; explicó el Fiscal Raúl Melara.
Al continuar con su informe manifestó que cada víctima merece que empleemos todos los recursos para proveerle cumplida justicia. Cada caso necesita nuestro máximo esfuerzo en investigar los hechos y presentar casos bien fundamentados a los tribunales de justicia. Los equipos fiscales han logrado grandes triunfos al resolver delitos de criminalidad organizada, contra las poblaciones vulnerables, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico ilegal y trata de personas.
También se ha puesto especial énfasis en procurar el enfoque adecuado en los casos de violencia contra la mujer y menores de edad. La sensibilización respecto de sus derechos, la aplicación de protocolos de atención especializados y el acompañamiento integral durante todo el proceso penal buscan lograr su recuperación emocional.
En materia de delitos cometidos contra la mujer se han atendido 2,950 audiencia iniciales por delitos de violencia feminicida, violencia sexual y violencia física, obteniendo sentencias condenatorias en el 70% de los casos.
La desaparición forzada de personas es otro de los fenómenos que se ha enfrentado con mucha determinación, creando para ello una unidad especializada dedicada a investigar, dar seguimiento y resolver estos casos que desgarran en sufrimiento, dolor y desesperanza la vida de las familias que han perdido a un ser querido.
Muchos han sido los casos resueltos donde la aplicación del Protocolo de Acción Urgente nos ha permitido localizar con vida a las personas reportadas como desaparecidas, proceso en el que la colaboración de los ciudadanos a través de las redes sociales ha sido determinante.
Las desapariciones forzadas es un fenómeno muy complejo, pero nuestro compromiso institucional es firme con las familias que sufren este drama.
En ese sentido, el Fiscal expresó un agradecimiento a los señores diputados, porque acompañaron con sus votos en octubre pasado, la creación del tipo penal de “Desaparición de Personas” mediante la incorporación del Art. 148 A en el Código Penal y las agravantes en los Arts. 129, 364 y 365 de la referida normativa.
Se ha tenido un año de retos y logros. Un año de arduo trabajo, compromiso, entrega y sacrificio de los equipos de fiscales que incluso llegan a arriesgar su vida para encontrar la verdad jurídica y hacer justicia a las víctimas, enfatizó el Fiscal.
Destaco que ene le presente período se han presentado más de 700 mil diligencias contra todo tipo de delito.
Al crimen organizado no se le ha dado tregua.
El compromiso es el de investigar y llevar a los responsables frente a la justicia para que se les aplique todo el rigor de la ley, respetando el debido proceso y sin reparar quién es el imputado.
En ese sentido se han procesado desde terroristas pertenecientes a maras o pandillas hasta funcionarios o exfuncionarios.
Se ha logrado quitarles los bienes a los delincuentes y se ha devuelto al Estado importantes sumas de dinero, obtenidas de forma ilícita por estructuras del crimen o mediante delitos de corrupción cometido por personas que han desempeñado cargos públicos.
En la defensa de los Intereses del Estado, la Fiscalía ha logrado recuperar más de 10 millones de dólares por evasión de impuestos.
La situación imperante en el mundo y en nuestro país debido a la Pandemia por Coronavirus nos ha obligado a reinventar nuestra vida y los esquemas de trabajo, sobre todo en la prestación de servicios esenciales donde están de por medios los derechos y garantías fundamentales de las personas.
Aunque se ha debido adoptar medidas extremas para proteger a todos los colaboradores de la Institución, no se ha parado de perseguir el crimen, emitiendo ordenes administrativas, dirigiendo operativos de captura contra estructuras criminales.
El COVID – 19 nos llevó a plantear la suspensión de los plazos administrativos y procesales para evitar la exposición al virus de nuestros fiscales y de todos los operadores en el sistema de administración de justicia. Agradecemos la anuencia y apoyo del pleno en la aprobación de la iniciativa y sus prorrogas.
La crisis sanitaria nos obligado a modificar nuestros planes operativos y a priorizar la administración de los recursos, anteponiendo la salud de nuestro capital más valioso, nuestro recurso humano y confiando en que las condiciones puedan encontrar en el corto o mediano plazo una solución para que pueda existir paz, bienestar y tranquilidad para todos.
“Confiamos ante todo en Dios, que la solución a esta crisis vendrá. Mientras tanto, hago un llamado nuevamente, a que todos los Órganos e Instituciones del Estado salvadoreño trabajemos bajo una misma visión y persiguiendo el bienestar común de nuestra gente, a quienes nos debemos como funcionarios públicos”, concluyo el Fiscal General Raúl Melara.
