Santa Ana. En dos casos diferentes la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró la condena de tres personas a penas de cinco años de cárcel cada uno, por el delito de Estafa Agravada, en perjuicio de dos víctimas; explicó el jefe de la Sede Fiscal Miguel Iraheta.
En el primer caso el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, condenó a cinco años de cárcel y el pago de US$25,263.00, en concepto de responsabilidad civil contra Edgardo Antonio Peñate Caravantes y Rosa Delmy Sincur; luego que los fiscales del caso demostraran la culpabilidad de ambos sujetos en el delito de Estafa Agravada, en perjuicio de una víctima a quien le vendieron un terreno por un valor de US$25,263.00.
Los hechos sucedieron en el mes de mayo del año 2009, cuando los imputados ofrecieron a la víctima devolver un inmueble que habían adquirido producto de una deuda que tenía con ellos el padre (fallecido) de la víctima.
Los imputados crearon la expectativa de devolver el inmueble ubicado en el cantón Chupaderos, Santa Ana, por lo que le pidieron a la víctima inicialmente US$11,500.00, y cuando ya había entregado esa cantidad de dinero, le fijaron otra cantidad mayor. La víctima les entrego en 2009 US$2,025.00 y en enero del 2010 $2,630,00, luego hizo entregas mensuales de US$405.00 desde enero de 2010 hasta noviembre 2013; los ahora condenaos a pesar de haber recibido el dinero acordado, nunca entregaron el inmueble a la víctima. En total la víctima entrego a los imputados US$25,263.00.
En el segundo caso, el mismo juzgado condenó también a cinco años de cárcel y el pago de US$1,000.00 de responsabilidad civil a Walter Arnoldo Mendoza Pérez, por el delito de Estafa, en perjuicio de una persona a quien el imputado le ofreció importar de EE. UU. un vehículo automotor año 2013.
Fue así como el 6 de abril del año 2017, la víctima le entregó la cantidad de US$1,000.00, comprometiéndose Mendoza Pérez a entregar el vehículo en mayo del año 2017, llegado ese tiempo no importo ni entregó el vehículo y tampoco devolvió el dinero. El imputado no podía ofrecer importar vehículos, ya que él no está autorizado como importador de vehículo.
