San Salvador. Con la misión de combatir la corrupción y que exfuncionarios públicos reintegren al Estado lo defraudado, la Fiscalía logró que el juzgado correspondiente admitiera las evidencias presentadas en contra el exdiputado del FMLN (2009-2014), y exministro de Justicia y Seguridad Pública (2014-209), Benito Lara, por enriquecimiento ilícito, así como contra su grupo familiar. Tras esta diligencia, Lara deberá enfrentar un juicio civil.
En esa nueva audiencia, se determinará si junto a miembros de su familia se enriquecieron de forma injustificada, según resolvieron los magistrados de la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
La Fiscalía estableció que, tanto Lara como su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija, Ileana Briseyda Lara Campos, acumularon un incremento patrimonial no justificado por un monto total de US$201,874.31. Esta cantidad es la pretensión que se busca recuperar a favor del Estado.
De igual forma, los fiscales explicaron que durante los días que duró la audiencia, los magistrados no admitieron algunos argumentos planteados por los defensores por ser carentes de fundamento, así como elementos que intentaron que fueran incorporados como prueba de descargo y al final fueron rechazados.
Por otra parte, se instruyó que se nombren peritos de la Corte de Cuentas de la República para intervenir en los análisis financieros que se tienen en el proceso contra Lara.
Finalmente, la instalación de la audiencia probatoria se programó para las 10 am, del próximo 16 de marzo del año 2023.
