San Salvador. La Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la oficina fiscal de San Salvador logró que el sentenciado, Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, cumpla la totalidad de la pena de 5 años de prisión, impuesta en 2018 por el Tribunal 6º de Sentencia, por el delito de Divulgación de Material Reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el “padre Toño”.
En la audiencia especial, celebrada en el Juzgado 5º de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, para ventilar sobre las condiciones de reclusión del interno, el juez determinó que los argumentos de los fiscales del caso eran sólidos para mantener al condenado en prisión hasta que cumpla la totalidad de pena el próximo 26 de agosto.
No obstante, Martínez tiene dos procesos penales pendientes uno de sentencia y el otro para que se realice la respectiva audiencia preliminar, por lo que, en uno de ellos, la Cámara de 1º de lo Penal decretó que pase a arresto domiciliar y que le sea impuesto el dispositivo electrónico de localización, conocido como brazalete electrónico.
Además, deberá cumplir una serie de medidas cautelares como acercarse a firmar cada 15 días al Juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y testigos.
Lo descrito con antelación se da a causa de que en los dos procesos ya cumplió con los dos años, período máximo, de detención provisional en cárcel, por lo que es de rigor legal que le sean impuestas otras medidas, para garantizar que enfrente uno de los procesos judiciales restantes.
Martínez está procesado en el caso “Corruptela”, por los delitos de Omisión de la Investigación, Lavado de Dinero, Peculado, Falsedad Documental, Negociaciones Ilícitas, Cohecho Propio y Falsedad Ideológica. Este proceso está a cargo del Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador; pero dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en octubre del 2020, por lo que el proceso está en estudio de la Cámara 1º de lo Penal.
El sentenciado también está procesado en el caso denominado “Rais-Martínez”, por los delitos de Revelación de Documentos Secretos y Omisión de la Investigación. Este caso está en el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador. Una de las juezas se excusó de conocer el caso y el proceso está en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá si acepta la excusa de la jueza o la sustituye.
