La investigación es precisa en señalar que se desarrolla desde el año 2010 en contra del exalcalde, cuando venía desarrollando actividades relacionadas al narcotráfico y por lo cual recibió condena de prisión en el 2016.
La Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer que hoy, a partir de las 2:00 de la tarde, se desarrolla en San Salvador, la audiencia de imposición de medidas en contra del exalcalde Cristóbal Benítez y 3 de sus parientes, quienes enfrentan el delito de Lavado de dinero y activos, por más de $17 millones.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activo dio a conocer que los involucrados en este proceso son: Cristóbal Benítez Canales, Noemy Argentina Flores de Canales, Santos Francisco Benítez Canales y Juan Carlos Benítez Canales, estos últimos hermano y sobrino del exedil.
La investigación en este caso se ha desarrollado a partir del año 2010, cuando Cristóbal Benítez Canales, venía participando en actividades ligadas al tráfico ilícito de drogas y por lo que fue capturado y procesado. El 18 de enero de 2016, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, lo declaró culpable y lo condenó a 13 años de prisión.
Posterior a esa sentencia, las investigaciones abiertas llevaron a determinar que tanto el señor Benítez Canales como parte de su familia, así como empresas formadas por ellos presentaron flujos altos de dinero, reflejando un incremento patrimonial que no fue coherente con los ingresos reportados legalmente al Ministerio de Hacienda. Fue así como se inmovilizaron los bienes registrados a nombre de los vinculados en este caso, ya que se estableció que lavaron un monto total de $17,805,077.28.
Entre los inmuebles intervenidos a esta familia, se encuentra el Estadio Correcaminos, ubicado en San Francisco Gotera, Morazán, inmueble que ayer fue materializado por la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio. Los demás inmuebles intervenidos se encuentran ubicados en el Oriente del país.
La solicitud de imposición de medidas fue presentada ante el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador, ante el cual se pedirá decrete la instrucción del proceso con la detención provisional para cada uno de los involucrados.
