San Francisco Gotera. Fallo condenatorio con penas de hasta 35 años de prisión, impuso el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, contra una estructura delincuencial que opera en el municipio de Guatajiagua, en el departamento de Morazán, quienes fueron procesados por los delitos de Organizaciones Terrorista, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Homicidio Agravado en Grado de Tentativa.
El fiscal del caso detalló que 10 imputados fueron condenados por los delitos de Organizaciones Terrorista a ocho años, por Homicidio Agravado en Grado de Tentativa a 15 años y Limitación Ilegal a la Libre Circulación a 12 años, haciendo un total de 35 años de cárcel, mientras que uno fue sentenciado solamente a ocho años de prisión por Organizaciones Terrorista.
Los sujetos que recibieron pena de 35 años de cárcel fueron identificados como: Luis Atanael Sandoval Trejo, Mateo Isaac Martínez Vásquez, Godofredo Nolasco Vásquez, Juan de Dios Ventura, José Narciso Nolasco Vásquez, Francisco Humberto Ramírez Aguirre, José Ovidio Henríquez, José Osmel Martínez Días, Gerson Alexander Cruz Pineda, Mauricio David Hernández Véliz; mientras que Nery Bladimir Franco Ventura, fue condenado a ocho años.
Durante la audiencia, se logró establecer el delito de Organizaciones Terroristas ya que se demostró que los imputados pertenecen a una estructura delincuencial que opera en el municipio de Guatajiagua, desde el año 2014 hasta año 2018.
Asimismo, el delito de Limitación Ilegal a la Circulación, ya que los sujetos, en diferentes fechas del año 2017, realizaron actos de hostigamiento, amenazas de muerte, que limitaron a las víctimas la libertad de circulación y de realizar sus labores cotidianas tales como residir en su vivienda realizar trabajos; estos actos de hostigamiento provocaron que las víctimas ya no pudieran permanecer en sus lugares de origen obligándolas a desplazarse forzadamente hacia otros lugares, dejando en abandono todos sus bienes y lazos afectivos.
Mientras que el delito de Homicidio Tentado fue en perjuicio de una de las víctimas bajo régimen de protección; a quien, en el mes de junio del año 2016, producto de amenazas reiteradas que se le hicieron al negarse a darles colaboración a los miembros de la estructura criminal, recibió una serie de disparos con arma de fuego, con la intención de quitarle la vida, pero la víctima aún con los disparos huyó del lugar.
La víctima llegó hasta su casa de habitación, donde se encerró junto a su familia y, para poder salir de su casa para recibir asistencia médica, solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil. Posterior al hecho, ya no pudo regresar a su lugar de residencia debido al asedio originado por las pandillas en ese sector.
