El caso enfrentó divirgencias procesales. Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente sobreseyó a los imputados pero un Tribunal Superior le ordenó al Juez que dictara el auto de apertura a juicio que permitió que el crimen no quedara impune.
San Vicente. Un accidentado proceso penal no hizo claudicar la búsqueda de justicia de los Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Vicente, que lograron que cuatro miembros de uno de los grupos terroristas purguen una pena de 40 años de prisión cada uno, por haber vapuleado, mutilado y enterrado a Vilma Esperanza Iraheta, de 60 años.
La víctima fue asesinada con lujo de barbarie por un grupo de por los menos 10 terroristas, el 22 de noviembre de 2016, en el caserío San Lázaro, del cantón San Pedro, en el municipio de Apastepeque, del departamento de San Vicente.
Con base a las pruebas presentadas en el juicio por la FGR, el Juzgado de Sentencia condenó por el delito de Homicidio Agravado, en calidad de coautores, a Víctor Antonio Ramírez Barahona, César Antonio Barahona Amaya, José Ambrosio Lemus Ayala y Wilson Adán Ramírez Rivas. Cinco pandilleros más son prófugos de la justicia.
La sexagenaria fue atacada en su casa de habitación donde fue golpeada en las primeras horas de la noche. En el patio de la vivienda encontraron restos de placa dentales y manchas de sangre.
Posteriormente, de acuerdo a la prueba testimonial, en forma inconsciente, Vilma Esperanza, fue trasladada por el grupo de delincuentes hasta el lugar conocido como Altos Rivera, próximo a una poza.
Allí fue mutilada y enterrada. Además, presentaba múltiples lesiones de arma blanca en el rostro y en el tórax.
Su cadáver fue exhumado al siguiente día de los hechos, el 23 de noviembre de 2016.
De acuerdo a las hipótesis, la fémina, fue asesinada por recibir a los policías en su casa y darles café. Los mareros la consideraban una informante.
Apertura del proceso
Por estrategia procesal, el Fiscal del caso cuando el caso estaba en la etapa de instrucción solicitó un sobreseimiento provisional, el cual permitía reabrir el caso dentro de un plazo de un año.
Efectivamente el proceso se reapertura en el tiempo que dicta la ley, pero el Juez Segundo de Instrucción de San Vicente, Luis Alberto Ponce Hernández, dilató el caso, según los Fiscales, y resolvió un sobreseimiento definitivo porque no le mereció credibilidad un testigo clave.
La representación Fiscal hizo uso de un recurso de apelación ante la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, que anuló el sobreseimiento definitivo y le ordenó al Juez Ponce Hernández, que dictara el auto de apertura a juicio que permitió que el crimen no quedara en la impunidad.
