San Salvador. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres “B” con sede en San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República, dictó medidas de protección a favor de dos víctimas de violencia perpetradas por un imputado que posee un canal en la plataforma digital YouTube, el cual utilizó para cometer los delitos.
El acusado responde al nombre de José Roberto Silva Rugamas quien será procesado por los delitos de Expresiones de Violencia contra la Mujer, Difusión Ilegal de Información y Acoso a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Los hechos se registraron el pasado 7 de marzo, cuando Silva Rugamas publica un video de una hora y 59 minutos en YouTube donde se dedica a insultar, denigrar y menospreciar a las víctimas por su condición de mujer. Por lo que se abre una investigación y la Fiscalía determina que existen elementos sólidos para solicitar medidas de protección a favor de las mujeres.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, ratificada por el Estado de El Salvador, establece en el artículo 7 literal b, que los Estados partes están en la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la Violencia contra la Mujer en cualquiera de sus modalidades.
En el mismo sentido, el artículo 57 literal k, establece que las mujeres tienen derecho a que, de manera inmediata, se les decrete las medidas urgentes de protección o cautelares a favor de la víctima. Por lo que el tribunal accedió de manera inmediata a la solicitud fiscal.
Las medidas estriban en que el imputado debe abstenerse de hostigar, perseguir, amenazar e intimidar a las víctimas por cualquier medio. Además, debe abstenerse de hacer publicaciones machistas, sexistas y misóginas por las Redes Sociales o por cualquier medio. También debe abstenerse de realizar cualquier acto de Acoso y Hostigamiento con publicaciones sexistas, machistas y misóginas.
La solicitud de la Fiscalía también prohíbe al imputado acercarse físicamente a las víctimas, por lo que es responsabilidad de la Policía Nacional Civil el brindarle la debida asistencia en caso sea incumplida esta medida.
