Fiscalía desarticula estructura de corrupción que operaba en ANDA Santa Ana y cobraba dinero excesivo por servicios regulares de agua potable
Santa Ana. En el combate a la corrupción, la Fiscalía ordenó la captura de una estructura que operaba dentro de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en Santa Ana, y entre empleados de esa instancia y particulares cobraban sumas exorbitantes de dinero para brindar ciertos servicios de forma expedita.
De las doce personas capturadas, 9 de ellos son empleados de ANDA, dos particulares y un tercero es un exempleado de la autónoma.
Durante los registros realizados en la sede regional occidental de ANDA se capturó al: gerente regional, José Elmer Umaña Ibarra; jefe de Departamento de Operaciones, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza; encargado de factibilidad, Ever Iván Orellana García; inspector de la Unidad de Nuevos Servicios y Catastro Comercial, Mario Ernesto Cristales Hernández; operador de estación de bombeo, Oscar Armando Linares Rivas; colaborador administrativo de operaciones, Carlos Mauricio Nolasco Menjivar; auxiliar administrativa encargada de saneamiento, Rosa Idalia Pérez de Barahona; colaboradora de atención al cliente, Yeny Elizabeth Pubil Chamul, y fontanero, Eldín Joel Portillo Aguilar.
También se detuvo a un exempleado de ANDA y que fungía como jefe de nuevos servicios de occidente, Carlos José Medina Vargas, así como a los particulares Abel Ángela Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García Rodríguez.
De acuerdo a la investigación, entre marzo del 2024 y febrero del 2025, la red de corrupción se aprovechó de las gestiones de algunos usuarios para obtener dinero para beneficio propio por servicios ordinarios que brinda la autónoma a costos accesibles para la ciudadanía.
Los imputados operaban desde que llegaban solicitudes para la conexión del servicio de agua potable, retenían la petición o la rechazaban por diversos motivos, aunque hubiera factibilidad en la zona (ciertos casos); luego, un particular contactaba a las víctimas y les ofrecía un “servicio especial, expedito de conexión y legal” por el cual cobraban entre $1,000 y $3,000 dólares.
Entre esos servicios que ofrecían está la conexión de nuevos servicios, instalación de medidores de agua, legalización de instalaciones antiguas, entre otros.
De la estructura se han contabilizado más de 200 víctimas estafadas con esos cobros. En varios casos, el servicio nunca fue brindado.
A los imputados se les atribuyen los delitos de cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
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