Estructura que delinquía en Usulután y San Miguel fue condenada hasta con 125 años de cárcel

Por: Angela Maria Alfaro Rivas / junio 22, 2024

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Usulután. La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 15 pandilleros de la clica Shadow Park Locos Sureños de la Pandilla 18,  que delinquían en los distritos de Jucuapa (Usulután) y Nueva Guadalupe (San Miguel), fueran sentenciados a penas de hasta 125 años de cárcel. 

La institución fiscal comprobó en juicio que, entre 2014 y 2016, la estructura delincuencial cometió 8 homicidios agravados, 2 privaciones de libertad y organizaciones terroristas.

Entre las víctimas están 2 hombres y una mujer que fueron asesinados el 20 de enero de 2016 en el interior de su vivienda ubicada en el caserío El Paraisal, del distrito de Jucuapa, municipio de Usulután.

El fiscal a cargo de la causa dijo que la orden de cometer la masacre fue dada por el líder de la pandilla, quien pidió asesinar a una familia completa con el objetivo de dar un mensaje a la población de que -con la pandilla no se mete-.

Entre los terroristas condenados está Gerson Adonis Argueta Soto, alias curra, condenado a 125 años de prisión, por 5 homicidios agravados y Mario Antonio Martínez,  alias terrible, a 83  por tres homicidios agravados y organizaciones terroristas.

Elmer Enrique González Gutiérrez, alias meme, fue condenado a 58 años de prisión, por 2 homicidios agravados y  organizaciones terroristas; Nasser Antonio Benavides Lovo, alias Serafín, fue sentenciado a 50 años por 2 homicidios agravados, y  a Wilfredo López Larín, alias wilo, se le condenó a 43 años de cárcel por 1 homicidio agravado y 2 privaciones de libertad.

A 33 años de prisión fueron condenados José Porfirio Vásquez Martínez, alias payaso del palón y Fernando Antonio Mejía, alias gato negro, por 1 caso de homicidio agravado y organizaciones terroristas. A 25 años de cárcel fueron sentenciados José Rudys Romero Díaz, alias varon, Ángel Miguel Benavides Zelaya, alias chimpa, Jaime Ernesto Mendoza González, alias happy.

Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel.

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