FGR acusa a exfuncionarios de desviar cerca de medio millón de dólares de tiendas penitenciarias ASOCAMBIO
San Salvador. La Fiscalía General de la República pidió por escrito que 8 exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad -de la administración del expresidente Sanchéz Cerén- enfrenten un juicio por estar vinculados al desvío de fondos de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO), entre el año 2018 y 2019.
También hay 13 personas más que se aprovecharon ilegítimamente del dinero, entre ellos, empleados de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), a través de pagos de horas extras.
Algunas retribuciones alcanzaron montos de 2 y 3 mil dólares que fueron cancelados de los fondos de las tiendas y por ANDA al mismo tiempo.
El escrito conocido como acusación penal fue presentado esta tarde al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La representación fiscal, a través de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, detalló que la acusación ofrece 2 mil elementos de prueba, entre ellas, pericias contables, declaración de testigos y análisis de firmas de documentos, que demuestran que el monto malversado, mediante el desvío de fondos de las tiendas penitenciarias asciende a un aproximado de medio millon de dólares.
ASOCAMBIO estaba conformada por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro, Raúl Antonio López ,como vicepresidente; Marco Tulio Lima, como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como primer vocal; y Orlando Elias Molina Ríos, subdirector de centros penales como segundo vocal, de acuerdo con el Diario Oficial del 28 de agosto de 2011.
A los procesados se les incrimina los delitos de Cohecho Impropio, Falsedad Documental Agravada, Peculado y Actos Arbitrarios.
Con la presentación del dictamen, el juez de instrucción notificará la fecha y hora de la audiencia preliminar, en la que decidirá si remite el caso a un juzgado de sentencia para que determine la inocencia o culpabilidad de los procesados.
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