FGR presentó dictamen de acusación contra exministro René Figueroa y su esposa por Lavado de dinero
La Fiscalía General de la República, FGR, llegó este viernes hasta el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, para presentar el dictamen de acusación, documento en el que se fortalece y amplía la prueba obtenida en la investigación en contra de René Mario Figueroa Figueroa y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa. Ambos, son acusados por el delito de Lavado de dinero y activos.
Los fiscales del Grupo Contra la Impunidad, GCI, dieron así cumplimiento al requisito legal previo a la celebración de la audiencia preliminar en contra del exfuncionario, quien dirigió los ministerios de Gobernación y de Justicia y Seguridad Pública, esto, en el periodo 2004 al 2009.
El monto que se ha determinado, de acuerdo a la pericia financiera y que se ha realizado con autorización del Juez Tercero de Instrucción es de $3,757,000. Esa cantidad se atribuye a los esposos Figueroa y a las dos sociedades de las cuales son socios y accionistas.
“Se cuenta con abundante prueba, ya que tenemos elementos de carácter documental, testimonial, así como la principal, que lo constituye la prueba pericial y que fue elaborada por tres expertos del Ministerio de Hacienda y uno del Banco de Fomento Agropecuario”, explicó uno de los fiscales del GCI.
Detalló también que se ha establecido que $1.7 millones provinieron de la sociedad Radiodifusión de El Salvador, empresa de la que son accionistas tanto el señor Figueroa como el expresidente Elías Antonio Saca. A la vez, se ha determinado que de origen desconocido ellos realizaron depósitos en efectivo.
“Los hechos fueron cometidos por los involucrados, mediante transferencias bancarias, depósitos en efectivo, contratación de depósitos a plazo, compras de inmuebles y vehículos, así como la utilización de dos sociedades”, especificó el fiscal.
Con la admisión del escrito fiscal, el Juzgado a cargo de la causa deberá programar en los próximos días la fecha y hora para el desarrollo de la audiencia preliminar.
Esta investigación inició a partir de la certificación que se le hizo a la FGR, por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la que determinó el incremento patrimonial no justificado.
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