Usulután. La Cámara de la 2ª. Sección de Oriente, consideró que la oficina de la FGR de Usulután, tiene razón al oponerse con argumentos jurídicos, de que tres agentes de la Policía Nacional Civil, sean procesados en libertad por el delito de Extorsión. Por tal razón revocó la resolución del Juzgado de Paz de Tecapán, emitida el pasado mes de febrero, que sustituyó la detención por otras medidas y ordenó su recaptura.
El Tribunal Superior considera que los incriminados, José Inés Ortiz Aguillón, Brayan Alexander Pineda Escobar y Melvin Dagoberto Álvarez; deben de estar en prisión por la gravedad de los hechos que se les imputa, porque pueden evadir la justicia, afectar la investigación y porque existen suficientes pruebas indiciarias en su contra.
El jefe de la Unidad de Patrimonio de la sede fiscal de Usulután, explicó, que los tres agentes fueron capturados a principios de febrero, con órdenes administrativas, porque existen suficientes elementos de que exigieron dinero utilizando amenazas contra una víctima, que goza del régimen de protección de testigos.
Según la denuncia, la víctima fue obligada por los imputados a entregar en tres ocasiones 75, 50 y 30 dólares, para permitirle trabajar, e incluso lo amenazaron con capturarlo, sino accedía a las exigencias.
La víctima decidió denunciarlos, lo que permitió su captura, pero en la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de Tecapán, la Juez María Guadalupe Ortiz Joya, les sustituyó la detención por otras medidas, entre ellas, no salir del país, no cambiar de domicilio y no acercarse a las víctimas.
La Fiscal del caso apeló la resolución ante el Tribunal Superior, que en su resolución considera que el hecho por el que se les procesa es “grave”, y que el arraigo laboral que fue el argumento para que gozarán de libertad, “no garantiza que se sujeten al proceso”, y además pueden “afectar la investigación”, y porque existen “suficientes elementos de prueba” de la existencia del delito y de la posible participación de los incriminados.
El Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María, fue el que emitió las órdenes de captura judicial, atendiendo la resolución de la Cámara, porque el proceso ya se encuentra bajo su jurisdicción.
Los incriminados fueron capturados nuevamente entre la semana antes y durante las vacaciones, en diferentes lugares.
