Se comprobó que los extorsionistas utilizaron distintas modalidades para cometer delitos.
Condenas de 15 y 10 años de cárcel deberán ser cumplidas por tres miembros de estructuras delincuenciales, después que fueron declarados penalmente culpables por haber extorsionado a comerciantes y empresarios bajo distintas modalidades. Los hechos venían ocurriendo en San Salvador y Olocuilta, La Paz.
El informe de la Unidad Fiscal Especializada Antiextorsiones, describe que el primero de los procesos fue llevado a vista pública a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia en esta ciudad, ante el cual comparecieron Jaime Armando García, María Carmen Fuentes Méndez y Óscar Antonio Serrano Bonilla.
Los imputados, miembros activos de la “Mara Salvatrucha”, fueron acusados por el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima protegida con la clave 2801.
De acuerdo a las indagaciones, los sujetos formaban parte de un grupo de delincuentes que exigían diferentes cantidades de dinero a comerciantes del centro capitalino. En ese sentido, la fiscal pudo acreditar durante la audiencia que a una de las personas ofendidas le venían exigiendo US$30.00 semanales, a cambio de dejarla vender sus productos y de no atentar en contra de su integridad y bienes económicos.
Bajo el direccionamiento fiscal, ambos antisociales fueron capturados de forma flagrante cuando recogían el dinero exigido.
Con la prueba recibida de parte de la FGR, el Tribunal dio por válida la acusación y al final los declaró culpables, procediendo a imponerles 15 años de cárcel a cada uno.
El segundo caso fue finalizado por el Tribunal Quinto de Sentencia de esta ciudad, con fallo condenatorio en contra de José Samuel Romero Sánchez, integrante de la “Pandilla 18”, quien se hacía pasar por “retirado”.
La modalidad que utilizaba para operar quedó demostrada y en este caso se comprobó que le hizo llamadas a la víctima empresaria de Olocuilta, protegida con la clave 56-Z17, para hacerle una exigencia de $8,000. Al lograr su finalidad, el imputado hizo que el dinero le fuese depositado en una cuenta bancaria.
Una vez sustentada las pruebas, la FGR ordenó la detención administrativa y así fue llevado ante la justicia, la cual al final de la vista pública resolvió que es culpable y le impuso 10 años de prisión.
