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Garantizando el acceso a la Justicia

Preguntas más frecuentes

Es una institución integrante del Ministerio Público, independiente de los órganos del Estado, con sus respectivas atribuciones y competencias que le establece la Constitución de la República, los Tratados Internacionales y demás Leyes, con apego a los principios rectores que su misma ley señala.

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del Estado, así como dirigir la investigación del delito y promover su enjuiciamiento.

El Fiscal General de la República es elegido por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada, es decir con dos tercios de los Diputados electos. Durará tres años en el cargo pudiendo ser reelegido y su destitución solamente procederá por causas legales, con el voto de los dos tercios de los Diputados electos.

Es el procedimiento establecido por la Ley, mediante el cual las personas que cometen hechos delictivos, serán procesadas y juzgadas ante los Juzgados o Tribunales competentes.

El proceso penal propiamente dicho, se inicia con el ejercicio de la Acción Penal, lo cual es exclusivo de la Fiscalía General de la República en el caso de los delitos de Acción Pública.

Esta acción se ejercita mediante la presentación del Requerimiento Fiscal o mediante la Solicitud de Imposición de Medidas o mediante escrito o resolución de setenta y dos horas, según la naturaleza del delito y de los Juzgados competentes. En el caso de los delitos de Acción Privada, por regla general el ciudadano afectado tiene la potestad de iniciar el Proceso Penal. Cabe agregar que antes del ejercicio de la Acción Penal, la Fiscalía General de la República ha desarrollado una investigación del hecho delictivo, lo cual no es parte del Proceso Penal como tal, sino que se trata de una fase administrativa sobre la investigación del delito, misma que la ley llama "Actos Iniciales de Investigación" y "Diligencias Iniciales de Investigación".

La denuncia puede presentarse verbalmente o por escrito, personalmente o por medio de apoderado, ante cualquier oficina de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o el Juez de Paz. Es recomendable que el ciudadano denunciante, agregue a su denuncia toda la prueba o evidencia documental que tenga disponible para fundamentar los hechos que denuncia, si se trata de testigos, debe identificar a éstos con nombres y apellidos e indicar el lugar donde pueden ser citados para entrevistarles, excepto cuando soliciten o estén sometidos a régimen de protección, asimismo es importante que proporcione los datos identificativos que tenga sobre la persona denunciada.

Si usted es una persona natural o jurídica que se vea afectada o tenga conocimiento de un delito, debe denunciar ante cualquier Oficina de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o el Juez de Paz.

Cualquier persona puede denunciar, sin importar su edad, género, raza, creencias políticas o religiosas; pero en el caso de los menores de edad, debe entenderse que no se trata de infante, sino de aquellos menores que han alcanzado la madurez y discernimiento suficiente para efectos de credibilidad, siendo recomendable que los menores sean acompañados o apoyados por uno de sus padres, quienes tienen la representación legal de los mismos.

Vea nuestro Directorio de Oficinas Fiscales más cercana en este enlace.

Es toda acción, omisión o acto abusivo de poder cometido por algún miembro de la familia para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, patrimonial o económicamente a cualquier miembro de la familia, fuera o dentro del domicilio familiar. Los agresores deben tener o haber tenido un vínculo de parentesco, afinidad, matrimonio, unión libre o de hecho con la víctima.

  1. Recibir un trato humano y digno.
  2. A solicitar medidas de protección en cualquier Juzgado de Paz o Juzgado de Familia.
  3. Proteger su intimidad, a garantizar su seguridad, la de sus familiares y la de testigos a su favor.
  4. Una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del delito.
  5. Ser oída y a que se le facilite el aporte de pruebas.
  6. Ser informada sobre el estado de la investigación.
  7. Ser informada sobre los mecanismos con que cuenta para la protección de sus intereses y el restablecimiento de sus derechos.
  8. Que la Fiscalía General de la República solicite a su favor las medidas de protección necesarias.
  9. Conocer la verdad del desarrollo de los hechos y las circunstancias del delito del cual ha sido víctima.
  10. Ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal.
  11. Acudir en lo pertinente ante el Juez respectivo y a interponer los recursos ante el Juez pertinente cuando a ello hubiere lugar.
  12. Ser asistida durante todo el proceso por un abogado.
  13. Ser asistida integralmente por las entidades del Estado para su recuperación.
  14. Ser asistida gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma español o de no poder percibir el lenguaje por alguno de los órganos de los sentidos.
  15. Recibir información veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención.
  16. Para obtener más información llame al tel.: 2593-7000 o consulte el operador telefónico más cercano a su localidad en nuestro Directorio de Oficinas Fiscales

Denuncie de inmediato en cualquier oficina de la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil o Juez de Paz, ya que el abuso sexual es delito. También puede recibir orientación en instituciones como ISNA, CEMUJER, PDDH, CIUDAD MUJER, P.G.R. ISDEMU, ETC.

Suministre a la autoridad competente información detallada sobre el desarrollo de los hechos que permitan la identificación del autor y su localización.

Procure no bañarse, no limpiar las heridas o zonas del cuerpo mancilladas y no cambiarse de ropa. En caso de hacerlo, lleve las prendas en el estado en que se encuentren a la autoridad competente, ya que ello constituye evidencia importante respecto a la agresión.

En lo posible, conserve los elementos utilizados en la agresión (armas, cuerdas, objetos contundentes, cabellos y condones, entre otros).

La Fiscalía General de la República coordinará su atención en el Instituto de Medicina Legal, para los peritajes respectivos y a un lugar de asistencia médica si fuere necesario.

Exija a las autoridades el respeto y materialización de sus derechos.

Deje el sitio en donde ocurrió la agresión en el mismo estado, es decir no limpiarlo, lavarlo o barrerlo.

Si usted es víctima o conoce de una víctima, informe o denuncie a través de la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil o Juez de Paz.

Para obtener más información llame al tel.: 2523-7000 o consulte el operador telefónico más cercano a su localidad en nuestro Directorio de Oficinas Fiscales.

NO, todos los trámites realizados en la Fiscalía General de la República son gratuitos. Si algún empleado o funcionario de la Fiscalía le solicita dinero u otro beneficio a cambio del servicio prestado, denúncielo de inmediato en la Unidad de Auditoría Fiscal.

Para obtener más información llame al tel.: 2593-7000 o consulte el operador telefónico más cercano a su localidad en nuestro Directorio de Oficinas Fiscales.

GLOSARIO ▼

Se desarrolla teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y a la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. En el desarrollo de la actuación procesal, el juez dispone de amplias facultades en la forma prevista en las normas procesales para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás personas o sujetos procesales o a los particulares que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos o que entorpezcan su realización. Para el efecto, el juez aplica los poderes y las medidas correccionales consagradas en la ley.

Es todo acto humano que afecta bienes o derechos protegidos por la ley; para el caso de la materia Penal, se trata de bienes y derechos protegidos por el Código Penal.

Es la privación de libertad ambulatoria de una persona, la cual puede ser ordenada por un Juez o por la Fiscalía General de la República, siempre y cuando concurran ciertas exigencias de ley, tales como la existencia de uno o varios delitos, generalmente graves, así como la concurrencia de indicios suficientes que conllevan a la posible participación en dichos delitos por parte del capturado. La detención administrativa, que es la que hace la Policía Nacional Civil por flagrante delito o por orden de la Fiscalía, no debe pasar de setenta y dos horas, plazo en el cual el Fiscal debe dar cuenta al Juez sobre el detenido y sobre los hechos que se le atribuyen, poniendo a su disposición al detenido y las diligencias de investigación que se tengan, para que éste decida si continúa o no en dicha detención.

El Código Penal contempla ciertos delitos que son conciliables, y la conciliación consiste que en dichos delitos, la víctima y el victimario personalmente o por medio de apoderado, se ponen de acuerdo en sus diferencias y deciden por sí mismos la solución al conflicto entre ellos. Importante es manifestar, que las condiciones de la Conciliación no pueden ser impuestas por el Fiscal ni por el Juez, quienes únicamente pueden sugerir posibles alternativas de arreglo, pero son las partes directamente involucradas las que toman la decisión de aceptar o no las condiciones sugeridas, al existir acuerdo el Juez lo autoriza. La conciliación cumplida pone fin al proceso penal.

Elemento que estructura la conducta punible. Es la convicción a la que llega el Juez Sentenciador o un Tribunal de Conciencia, respecto a los hechos ilícitos atribuidos.

Es el conjunto de requisitos que, cuando sea procedente, deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados con un hecho delictivo.

Es la opinión técnico-científica que emite por escrito un especialista en la materia que se trate.

Conducta humana que viola sin justa causa un bien jurídico protegido por la Ley Penal. Se puede realizar por acción o por omisión, con dolo, es decir, con la conciencia y voluntad de efectuar la conducta o por culpa, es decir por imprudencia, negligencia, impericia o falta al deber de cuidado.

Es el Abogado Defensor que provee gratuitamente el Estado al imputado, para que lo represente y defienda sus intereses, generalmente en el Proceso Penal y excepcionalmente, en las diligencias iniciales de investigación. El imputado también podrá nombrar a un Abogado de su confianza como Defensor, al cual se le llama Defensor Particular.

Rama del ordenamiento jurídico Estatal, que tipifica como delito ciertas conductas del comportamiento humano, estableciendo a la vez la sanción penal que corresponde a cada una de ellas. No es estático sino cambiante, en el sentido que se va actualizando conforme a la evolución del fenómeno criminal, para ello constantemente va penalizando y despenalizando conductas del ser humano.

Es un acto inicial de investigación, que se interpone por los medios, personas y en los lugares mencionados al inicio de este cuestionario.

Mecanismo utilizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en cualquier momento de la investigación de un delito, con el propósito de obtener información sobre un hecho delictivo. La entrevista se les hace a la víctima y al testigo.

Es cualquier objeto relacionado con un delito, que puede determinar circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó el hecho. Estos objetos generalmente deberán ser sometidos al régimen de Cadena de Custodia, a efecto de garantizar su autenticidad en el juicio.

Son los abogados delegadas por el Fiscal General de la República, para desempeñar sus atribuciones, actuando en su nombre y en el de la Fiscalía General de la República. Dichas atribuciones, ya fueron expuestas al inicio de este cuestionario.

Es el lapso de tiempo establecido por la ley, en que puede ser capturado un individuo después de haber cometido un delito. La Flagrancia implica que la Policía Nacional Civil, puede proceder a la detención de una persona, sin que tenga una orden emanada de un Juez o Fiscal. La Legislación de El Salvador limita el plazo de la Flagrancia a 24 horas.

La actuación procesal no causa erogación económica alguna para las partes involucradas, ya que los servicios Estatales son totalmente gratuitos. Sin embargo debe aclararse, que cuando alguien contrata los servicios profesionales de un Abogado particular o privado, éste si podrá cobrarle alguna cantidad de dinero en concepto de honorarios profesionales. Dentro del proceso penal hay representación gratuita tanto para la víctima como para el imputado, a la víctima la representa el Fiscal del Caso y al imputado lo representa el Defensor Público, quienes están obligados a realizar su trabajo de manera eficaz y gratuitamente para las partes, ya que las instituciones del Estado que representan, (F.G.R. y P.G.R.), son las que le pagan un salario por sus servicios profesionales. El Juez también recibe su salario de la Corte Suprema de Justicia, por administrar Justicia de manera imparcial, justa y conforme a la Ley, de tal manera que no es necesario incurrir en gasto alguno; el que lo hace, contratando a un abogado particular, es porque lo desea, nadie lo puede obligar a ello.

Acción reconocida por la Constitución de la República y la Ley de Procedimientos Constitucionales, y procede cuando cualquier individuo o autoridad, restrinja ilegal o arbitrariamente la libertad ambulatoria. Cuando una persona crea que ha sido privada de su libertad con violación de los derechos fundamentales, puede acudir a la Corte Suprema de Justicia a solicitar el Hábeas Corpus.

Es la persona que mediante cualquier acto en el procedimiento, sea señalado como autor o partícipe de un hecho delictivo.

Es la manifestación de la voluntad soberana, que emanada conforme a la Constitución de la República, manda, prohíbe o permite. En el proceso de formación de la Ley, intervienen los Órgano Legislativo y Ejecutivo; el Órgano Legislativo es el que crea la Ley, el Órgano Ejecutivo es el que la Sanciona, Publica, Observa o Veta, según le parezca y el Órgano Judicial, está presto a resolver discrepancias entre el Legislativo y Ejecutivo, en caso surjan respecto a la Constitucionalidad de la ley que se ha aprobado.

Es un derecho fundamental del imputado y consiste en que se presume su inocencia mientras no se prueba conforme a la Ley lo contrario, debiendo tratársele como inocente mientras no exista decisión judicial definitiva que lo declare culpable y/o responsable penalmente. Es importante decir, que es al Estado a quien le corresponde probar la culpabilidad del imputado y éste no está obligado a probar su inocencia, sino que la misma por Constitución se presume.

Es la sanción penal que el Estado aplica a quienes cometen delito. Las Penas se dividen en Principales y Accesorias. También se aplican Medidas de Seguridad que vienen a ser una especie de pena; en este sentido, las penas se aplican a los sujetos imputables, es decir a aquellos que en el momento de cometer el delito, tienen la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, mientras que las Medidas de Seguridad se aplican a los sujetos inimputables, es decir a quienes no comprenden lo lícito e ilícito de sus actos al momento de delinquir.

Pueden ser naturales o jurídicas con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La dignidad humana es un principio rector de la jurisdicción penal que garantiza a los intervinientes en el Proceso Penal ser tratados con el respeto debido.

En principio se asocia a la denuncia penal que se presenta ante la autoridad competente sobre la comisión de un hecho delictivo; pero también existe la figura del Querellante, el cual es el Apoderado de la víctima, quien se muestra parte en el proceso penal en defensa y representación de la misma.

Es el derecho que tienen las partes procesales de impugnar las decisiones judiciales que les causen agravios. Son recursos ordinarios el de Revocatoria y de Apelación y extraordinarios, el de Casación y Revisión.

Es el plazo de tiempo que la ley concede a las partes que intervienen en el proceso, para formular sus peticiones, alegaciones, impugnaciones y cualquier otro acto procesal que la ley les franquea.

Toda persona que tenga conocimiento directa o indirectamente de un delito o conducta punible. El testigo está obligado a comparecer a los citatorios que le formule la autoridad competente, como los Tribunales de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Es la adecuación de la conducta humana a uno o varios delitos previamente establecidos en la Ley. Es una descripción abstracta que el Legislador hace en la Ley respecto a supuestos de la conducta humana. Cuando alguien realice un comportamiento descrito en la ley como delito, se dice que su conducta es típica, antijurídica y reprochable, por tanto debe ser procesado penalmente.

Persona natural o jurídica que, individual o colectivamente sufra algún daño directo o indirecto, como consecuencia de la comisión de un delito. La condición de víctima se tiene independientemente de lograr identificar, aprehender, enjuiciar o condenar al autor de la conducta punible e independientemente de la existencia de una relación familiar con éste. Víctima es el agraviado con el delito.