Juzgado de San Vicente envió a juicio a imputado acusado por delito ligado al lavado de dinero

Jorge C.; enero 18, 2018

San Vicente. Ángel Ramiro Solís Menjívar, deberá enfrentar en los próximos días la vista pública. Así lo resolvió un juez de San Vicente, después de darle valor probatorio a la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras demostrar su actuación al transportar de forma ilícita más de 50 mil dólares ocultos en su vehículo.

El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, describe que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente, desarrolló la audiencia preliminar en contra del referido imputado, a quien se le atribuye Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos.

Durante el desarrollo de la audiencia, la representación Fiscal fundamentó la existencia del delito en la prueba documental, pericial y la testimonial, con la cual se establece la conducta típica y antijurídica por parte del acusado al momento de serle encontrada la evidencia.

“Las evidencias fueron sometidas a experticia de espectrometría de movilidad de iones y dio como resultado positivo a cocaína y positivo a THC”, detalló uno de los fiscales.

El juzgador dio validez a la exposición Fiscal y al final de la audiencia, resolvió enviar a juicio al acusado y por lo cual el proceso será enviado en las próximas horas al Tribunal de Sentencia, para que programe la fecha y hora de la última fase de este caso.

La captura de Solís Menjívar, se produjo el 12 de julio de 2017, cuando se transportaba en su vehículo P-573228, a la altura del del Cantón Cerro Grande, San Cayetano Istepeque,  departamento de San Vicente. Miembros de una patrulla policial y apoyados por un can procedieron a inspeccionar y fue así como le descubrieron el efectivo.

Las autoridades encontraron el dinero en paquetes protegidos con bolsas plásticas, en diferentes partes de la tapicería del automotor, determinado que de forma ilícita llevaba $ 55,720.

El acusado podría ser condenado a una pena mínima de ocho años y una máxima de 12 de cárcel, según el artículo 5 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.

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