San Miguel. Apertura a juicio fue la decisión judicial que se emitió ayer contra el jefe edilicio del municipio de Nueva Esparta, en La Unión, José Manrique Villatoro Maldonado, y el exsecretario municipal, Juan Carlos Jiménez Contreras, por el delito de Falsedad Documental Agravada en la modalidad de Falsedad Ideológica.
También, Cristino Umanzor Acosta, responderá en vista pública por el uso y tenencia de documentos falsos, y Marvin Nahún Escobar Escobar, por contrabando de mercadería, así lo afirmó la Fiscal del caso de la División de los Intereses del Estado de la oficina de San Miguel.
La resolución fue dada ayer por el Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima, en la que la representación fiscal ofreció suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para que un Tribunal de Sentencia, determinó la inocencia o culpabilidad de los incriminados.
Según el dictamen de acusación fiscal, el proceso penal en contra de los cuatro imputados, se inició con la incautación de seis semovientes en un punto ciego, conocido como El Alto Abajo, el 29 de julio de 2016, a las 5:30 de la mañana, en la jurisdicción de Concepción Oriente.
El ganado vacuno era trasladado por dos hombres que se conducían, uno de ellos en una moto y el otro en un caballo, pero al ver la presencia de un grupo de soldados, huyeron, dejando abandonados a los animales.
Pero a las 10:30 de la mañana, se presentó Umanzor Acosta, a reclamar los semovientes, y aseguró que era el propietario, y presentó seis cartas de venta firmadas por el edil, Villatoro Maldonado, extendidas ese mismo día.
Para la representación fiscal, las irregularidades de la legalidad de los semovientes es que a qué horas fueran emitidas esas cartas de venta por el alcalde y el exsecretario, si el decomiso de los animales se dio a las 5:30 de la mañana.
Y cómo cumplieron la disposición del Código Municipal, que regula que los funcionarios para extender las cartas de venta, tienen que tener a la vista a los animales para cotejar los fierros y características.
También, otra de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, es que se ha establecido mediante la experticia grafo técnica, que la firma calzada en las cartas de venta ha sido plasmada por el Alcalde.
A las anteriores se suma, un informe pericial que asegura que los animales fueron introducidos ilegalmente desde Honduras, y que los fierros que poseen difieren de las marcas del registro del país, y que no corresponden a las plasmadas en las cartas de venta.
