Jefe de seguridad de centro judicial condenado a 4 años de prisión por estafa de más de $ 13 mil


Por: ; abril 24, 2019

La sede fiscal de San Miguel, tiene otras 15 denuncias en contra de Pereira Sánchez, por los mismos hechos. También en la oficina fiscal de San Francisco Gotera, Morazán, está procesado por una estafa de 11 mil dólares, realizada de la misma forma.   

San Miguel. El jefe de seguridad del Centro Judicial de la cabecera departamental de Morazán, José Antonio Pereira Sánchez, estará sus próximos cuatro años en una prisión por estafar a dos personas con US$13,600.00, al engañarlos con un comité que captaba fondos de empleados judiciales y que ofreció entregar ganancias del cinco y tres por ciento de intereses anuales.

Además, según el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina de San Miguel, el imputado tendrá que pagar a las dos víctimas, US$10,000.00 y US$3,000.00, en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia fue dada ayer por el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel.

La sede fiscal de San Miguel, tiene otras 15 denuncias en contra de Pereira Sánchez, por los mismos hechos. También en la oficina fiscal de San Francisco Gotera, Morazán, está procesado por una estafa de US$11,000.00, realizada de la misma forma.

Las investigaciones fiscales detallan, que el incriminado promovió entre los empleados judiciales de oriente, que invirtieran en un Comité de Seguridad y Bienestar Judicial, del cual, Pereira Sánchez era el tesorero.

Dos de las víctimas en San Miguel decidieron invertir US$10,000.00 y US$3,000.00, que le fueron entregados al incriminado entre febrero del año 2014 y en diciembre de 2015, con la intención de que, a final de cada año, recibirían el capital más los intereses ganados.

Sin embargo, el imputado nunca les entregó el dinero invertido ni los beneficios ganados, por lo que decidieron denunciarlo.

Procesado en Morazán

A finales de marzo de 2019, la oficina fiscal de Morazán ordenó la captura de Pereira Sánchez, por otra estafa por un monto de US$11,000.00, en perjuicio de dos víctimas.

De igual forma, como en San Miguel, para incentivar la participación aseguró a los interesados que el ente financiero estaba legalmente inscrito y que el imputado, era el representante legal.

Las víctimas tampoco recibieron el capital invertido ni los intereses, por lo que decidieron denunciarlo penalmente.

Las investigaciones fiscales han determinado que la supuesta cooperativa no está inscrita legalmente ni se encuentra en el Registro de Acreedores del Banco Central de Reserva, como lo exige la ley contra la usura.

En la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Francisco Gotera, la juez le impuso una fianza de 600 dólares y presentarse cada 15 días al juzgado primero de instrucción.

La sede fiscal de Morazán, apeló ante un tribunal superior la resolución que está pendiente que se resuelva.

 

 

 

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