Cabañas. Fiscales de la Unidad Especializada Antiextorsiones dieron a conocer la sentencia condenatoria pronunciada por un tribunal del departamento de Cabañas, en contra de tres integrantes de estructuras terroristas que se venían dedicando a extorsionar a comerciantes de Ilobasco y ahora pagarán con cárcel y una indemnización estimada en $12,000 a favor de la víctima.
El informe describe que se trata de Pedro Iván Mejía Flores, alias “Vago”; Edgar Antonio Mejía Rodríguez, “Cusuco” y Edín Antonio Flores Flores, “Crazy”, todos miembros del ala “Sureña” de la “Pandilla 18”.
Fueron llevados a la vista pública celebrada por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, ante el cual respondieron por los delitos de Extorsión en la modalidad Agravada en perjuicio de la víctima protegida con clave 3464, y por Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes venían chantajeando a un comerciante de la ciudad de Ilobasco, a quien le exigían la cantidad de $500 de forma mensual y en ocasiones aumentaban la cuota. Bajo amenazas constantes, la víctima accedió a los reclamos de los extorsionistas entre los años 2014 al 2017, pero al considerar insostenible su negocio fue que decidió denunciarlos.
Bajo una investigación minuciosa y el desarrollo de las entregas controladas, los investigadores individualizaron la participación de los antisociales.
Toda la prueba ofrecida por la fiscal antiextorsiones llevó a demostrar al juez que efectivamente fueron responsables de causar afectación en la víctima y por lo cual al final del juicio fueron declarados culpables.
El aplicador de justicia impuso 15 años de cárcel y sumó 4 años, por la tenencia del arma de fuego, siendo 19 años los que cumplirán Mejía Flores y Mejía Rodríguez; mientras tanto, Flores Flores responderá con 4 años de prisión solo por el ilícito relacionado al arma de fuego.
Pero además, los 2 acusados principales, no abandonarán la prisión hasta que hagan efectivo el pago de los $12,000 a favor de la víctima, ya que el juez decidió imponerles esa cantidad en concepto de responsabilidad civil.
