San Miguel. Con una orden administrativa girada por la Unidad de Administración de Justicia de la oficina Fiscal de San Miguel, fue capturado ayer otro Defensor Público, por pedir 1,500 dólares a los familiares de dos personas, que eran procesados por homicidio, a cambio de obtener su libertad a través de una fianza.
Con esta última aprehensión, ya son dos Abogados de la Procuraduría General de la República de San Francisco Gotera, en Morazán, detenidos este año por las mismas acciones ilícitas.
El último capturado ayer en la tarde por agentes de la Policía Nacional Civil, fue identificado como José Roberto Benítez Romero, que se desempeña en la Unidad Penal de la Procuraduría General de la República en San Miguel. La detención se realizó en las proximidades de la oficina de servicio público.
De acuerdo a las investigaciones Fiscales, el Profesional del Derecho, presuntamente cometió el delito de Cohecho Propio (solicitar dinero), en el mes de abril de 2014, cuando laboraba en la sede de la Procuraduría de San Francisco Gotera, Morazán.
De acuerdo a la denuncia, el incriminado solicitó a los familiares de dos personas acusadas de homicidio, a quien los representaba en el proceso, 1,500 dólares para poder obtener su libertad, los cuales servirían para pagar una fianza.
Pero el ofrecimiento nunca se cumplió por lo que los familiares decidieron interponer la denuncia.
Otro defensor procesado por la misma acción
Con la detención de Benítez Romero, la sede Fiscal de San Miguel, ya suma dos Defensores Públicos de la misma oficina de San Francisco Gotera, Morazán, capturados por las mismas acciones ilícitas.
En marzo de este año, también se ordenó la captura del Abogado Mario Sergio Crespín Cartagena, de 55 años, que es procesado por recibir dinero y sobornar a una víctima de violación.
El incriminado que se desempeña como coordinador del área penal de la Procuraduría General de la República de San Francisco Gotera, enfrentó la Audiencia Inicial, en el Juzgado Primero de Paz de la cabecera departamental de Morazán.
Por lo que el Juzgado tomó la decisión de acumular los dos procesos, a pesar de que la representación Fiscal se opuso, y lo benefició con medidas sustitutivas a la detención, imponiéndole una fianza de cinco mil dólares, presentarse al Juzgado de Instrucción y no salir del país.
Al profesional del Derecho, se le imputa el haber solicitado 600 dólares (Cohecho Propio), en diciembre de 2016, con la justificación que debía pagar una fianza a favor de uno de sus defendidos para lograr su libertad, que era procesado por Organizaciones Terroristas. Los testigos, bajo el régimen de protección, solo le pudieron entregar 200 dólares.
El segundo proceso penal, es por haber convencido a una víctima de violación, de 14 años de edad, en febrero de 2013, para que no se presentara a declarar al juicio en contra del incriminado, por lo que fue escondida por el imputado y posteriormente le entregó 90 dólares (soborno).
Crespín Cartagena, convenció a la menor a no estar presente en la Vista Pública, porque si lo condenaban al imputado, no podría ayudarle con la manutención de su hijo, producto de las relaciones sexuales.
