Condenan a 15 años de cárcel a colaborador de pandilleros por ayudar a colocar coche bomba en Centro de Gobierno

Por: / enero 26, 2018

Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado, confirmaron la sentencia condenatoria de 15 años de prisión, en contra de un colaborador de estructuras terroristas, quien fue encontrado culpable por ayudar y encubrir las actividades relativas a la colocación de explosivos en contra de instituciones del Estado.

El informe describe que se trata de Noel Artemio Ortiz Tobar, quien fue llevado hasta el Tribunal Especializado de Sentencia “B” en San Salvador, ante el cual enfrentó la audiencia de vista pública.

A él, se le atribuyó el delito de Encubrimiento en los ilícitos de Actos Terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva, o artículos similares; Actividades delictivas relacionadas con armas, artefactos, o sustancias explosivas, agentes químicos o biológicos, armas de destrucción masiva, o artículos similares, y Organizaciones Terroristas

Parte de la prueba expuesta por la FGR, consistió en las declaraciones de dos ex integrantes de la “Pandilla 18 Revolucionarios”, quienes relataron ante el aplicador de justicia, los distintos hechos delictivos cometidos por esa organización criminal y quienes pretendían utilizar artefactos explosivos para causar daño y terror en la población.

“Quedó establecido que el imputado fue una de las personas que realizó labores como colaborar con la organización terrorista, trasladando explosivos y otros objetos, así como a los pandilleros hacia lugares en donde recibían adiestramiento policial y militar”, expuso la fiscal del caso.

Con toda la prueba aportada por Fiscalía, el juez determinó declararlo responsable penalmente por el delito y le impuso la pena de los 15 años de cárcel.

A los miembros de esta estructura, quienes en su mayoría ya han sido condenados, se les atribuye responsabilidad en el vehículo con explosivos que fue abandonado frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 28 de agosto de 2015, entre otros hechos.