La Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República informa que la Cámara Especializada de lo Penal ha revocado el fallo de sobreseimiento dado por la Juez de Instrucción Especializado “B” de San Salvador, Lorena América Rodríguez, que había favorecido con la libertad a 11 militares y abogados, acusados de Agrupaciones Ilícitas, Falsedad Ideológica, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Denuncia o Acusación Calumniosa.
Los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo (destacado en el Estado Mayor), y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, fueron acusados de proposición de homicidio, pretensiones de soborno en el Órgano Judicial, al intentar que las víctimas no declararan en contra los militares, y de agrupaciones ilícitas.
El caso en el que los militares amedrentaron a las víctimas para que no declararan es donde seis soldados, un sargento y un cabo fueron condenados a 14 años de prisión el año pasado. Los militares fueron sentenciados por torturar y privar de libertad a dos jóvenes de 22 y 17 años, el 3 de junio de 2016, en la colonia San Jorge, en Apaneca, quienes aseguraron que siguieron órdenes de Solano Cáceres y de Ascencio Sermeño.
La jueza especializada de instrucción “B” de San Salvador dijo en su momento, que la Fiscalía había presentado tarde las pruebas y que el periodo facultado para terminar las escuchas telefónicas había expirado antes, violando así los tiempos autorizados. Sin embargo, la Cámara establece que lo anterior no es cierto y que la jueza especializada no realizó bien el cómputo, por lo que admite toda la prueba presentada por Fiscalía.
La instancia superior establece, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que existe probabilidad que los imputados hayan creado una estructura de crimen organizado para delinquir, por lo que ordena al juzgado especializado realizar una nueva audiencia donde “valore nuevamente la totalidad de elementos probatorios, entre los cuales se encuentran las escuchas telefónicas y determine, de manera fundada, la procedencia o no de la medida cautelar”, por lo que le ordena a realizar una nueva audiencia.
En el proceso habían sido absueltos cuatro abogados, un fiscal y dos exempleadas judiciales. De los imputados, tres ya enfrentan cargos penales por el caso denominado Transes: Sara Albertina Villeda Sánchez, exsecretaria del juzgado de paz de Izalco, Sonsonate, y Leila Mélida Morena Sánchez, excolaboradora del juzgado de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Además del exfiscal Víctor Manuel Melgar, alias Pitinga, acusado de interceder para favorecer al exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, del juicio que enfrenta en la Cámara Primera de lo Civil.
