San Salvador. La decisión del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, José Tomás López Salinas, de enviar a arresto domiciliar a los principales involucrados en el caso Jumbo, resulta contradictorio, desproporcional e incongruente.

Para la Fiscalía General de la República, existen elementos de prueba que evidencian la comisión de delitos graves como la estafa agravada y lavado de dinero. La ley es clara, cuando se trata de delitos graves, no pueden otorgarse medidas sustitutivas a la detención.

 En este caso, hay que recordar que los motivos que dieron origen a la detención de las personas implicadas en la estafa masiva, no solo se mantienen, sino que fueron ratificados por el mismo Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana; también es de enfatizar que existen dos resoluciones de la Cámara Especializada y un Hábeas Corpus de La Sala de Lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia, en las cuales se confirma que la actuación del Juez López Salinas, al decretar la detención provisional, fue correcta.

Además, el Juez infringió la sentencia de la Sala de Lo Constitucional, en la cual declara legal el artículo 294 del Código Procesal Penal, en el que se prohíbe la sustitución o modificación de la detención provisional en los delitos de lavado de dinero y las defraudaciones. Sentencia que fue dictada  en ocasión de un recurso de Inconstitucionalidad la cual tiene efectos vinculantes para todos los operadores del sistema de justicia.

Una de las resoluciones de Cámara, revoca las medidas sustitutivas otorgadas a favor de José Mauricio Granados, y ordena nuevamente la detención, sin embargo el  imputado es prófugo de la justicia, lo cual constituye un precedente negativo sobre la falta de garantías, que en esta oportunidad no fue tomado en cuenta por el aplicador de justicia a la hora de otorgar las medidas sustitutivas a favor de los nueve implicados.

No se puede sustituir la detención provisional sobre eventuales arreglos o meras expectativas planteadas por los defensores, ya que no constituyen una conciliación real, ni un reparo integral del daño ocasionado a las víctimas. Además el Juez infringió valorar los criterios objetivos que mandatan los artículos 292, 293 y 294 del Código Procesal Penal, como es el concurso de delitos, donde las penas se incrementan; el peligro de fuga de los imputados que estando bajo una medida menos gravosa, existe el riesgo que influyan en los medios probatorios y la frustración de una eventual vista pública, con el agravante que exista la posibilidad que sigan cometiendo delitos análogos o similares a los que se está persiguiendo.

El equipo fiscal asignado al caso, trabaja en el recurso de apelación para que los magistrados de la Cámara Especializada revisen la actuación del juez inferior.

La investigación a nivel nacional sobre el comportamiento delictivo de los involucrados en la estafa, ha permitido totalizar más 3 mil 800 víctimas en las diferentes Oficinas Fiscales, y como resultado, la madrugada de este jueves la Oficina Fiscal de Zacatecoluca, hizo efectivas por medio de la Policía Nacional Civil, diez órdenes administrativas de detención en contra nueve de los procesados en el Juzgado Especializado de Santa Ana, y una persona más, que según las diligencias, tiene participación en los hechos investigados.

El Fiscal General de la República, Lic. Romeo Benjamín Barahona,  reiteró la determinación de defender los intereses de las víctimas, girando las direcciones funcionales que sean necesarias a fin de fundamentar la acusación ante los tribunales competentes.

Los implicados en esta estafa masiva enfrentan denuncias a nivel nacional por la comisión de hechos de la misma naturaleza, por lo que la Fiscalía General de la república no escatimará esfuerzos hasta lograr el cumplimiento de la ley y que se haga justicia en favor de las víctimas.