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Capítulo 2
28
El principal implicado en la millonaria defraudación en el caso
OBC, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, escucha su sentencia
de culpabilidad que le obliga a purgar 13 años y 8 meses de
prisión.
RECUPERACION DINERO CASO
ANDA
Es de hacer notar el importante esfuerzo de la
Fiscalía General de la República, en la recuperación
y repatriación de fondos relacionados al caso
instruido en contra de los señores Carlos Augusto
Perla Parada, José Mario Orellana Andrade, Manuel
de Jesús Méndez Sánchez, José de la Cruz Andrade,
y las Corporaciones Dover Place Corporation y
Southward Development. Gestiones que dieron
inicio en el mes de marzo de 2010 y concluyeron
satisfactoriamente en enero de 2011, con la
recepción de informe proveniente del Banco Central
de Reserva de El Salvador, por medio del cual se
confirmaba el ingreso de fondos al Erario Público por
la cantidad de $2,333.824.63, los cuales incluían
el interés generado por estos en el extranjero
Lima, Perú. Fiscal General gestiona con el Procurador General
de Panamá, Giuseppe Bonissi, la repatriación de fondos
provenientes de la corrupción del caso ANDA.
Fiscal General conversa con la Jueza María Lourdes Estrada
Villard sobre la autorización del desembolso de 2,3 millones
de dólares desviados a Panamá producto de la corrupción en
ANDA.
CASO OBC
Este caso inició con un reporte del sistema
financiero de julio de 2004. En febrero de 2005
se imputaron cargos a dos personas por el delito
de Lavado de Dinero y de Activos y Defraudación
a la Economía Pública en perjuicio del orden
socio-económico, siendo los imputados JULIO
EDUARDO VILLATORO MONTEAGUDO y
SONIA MARGARITA SORIANO DE TORRES.
Villatoro aprovechándose de su calidad
de Representante Legal de OPERACIONES
BURSATILES DE CENTRO AMERICA (OBC),
captó fondos del público equivalentes a OCHO
MILLONES DE DOLARES APROXIMADAMENTE,
los cuales no fueron devueltos a los inversionistas.
Villatoro Monteagudo fue ubicado en el año 2007
en el Estado de la Florida de Los Estados Unidos
de América, iniciándose en ese año el proceso
de extradición del mismo, proceso que culminó
en octubre de 2009 de manera exitosa. En abril
del año 2011 fue condenado a la pena principal
de doce años de prisión por el Tribunal Quinto
de Sentencia de San Salvador, por el delito de
DEFRAUDACION A LA ECONOMIA PUBLICA.
Lo destacable de este caso es que además, se comisó
la cantidad aproximada de OCHOCIENTOS MIL
DOLARES con el objeto de reintegrar parcialmente
a las víctimas el daño económico causado.