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Memoria de Labores 2018 - 2019
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Acusan a exalcalde de Apopa y otras 21 personas de
integrar una estructura
La esposa e hijo del exalcalde
del municipio de Apopa fueron
procesados por los delitos de Fraude
Procesal, Cohecho (soborno),
Peculado y Negociaciones Ilícitas,
vinculados al desvío de fondos
públicos por un monto superior al
medio millón de dólares.
La investigación dirigida por fiscales
de la Dirección contra la Corrupción
y la Impunidad estableció que
las erogaciones de recursos de la
comuna, se registraron entre el
2013 y 2016 utilizando órdenes
de compras y facturas falsas en
concepto de suministros varios que
no fueron otorgados.
El dinero obtenido de la
municipalidad fue utilizado, según
la investigación, para pagar testigos
para que no llegaran a declarar en el
juicio que enfrentó el exalcalde por
sus vínculos con las organizaciones
criminales, proceso por el que fue
condenado a 12 años de prisión.
Entre los procesados en esta
nueva fase se encuentran médicos,
abogados y el ex fiscal. En total,
22 imputados fueron enviados
procesados por el Juzgado Segundo
de Paz e San Salvador y el caso
enviado a la etapa de instrucción,
vinculados a la trama de corrupción.
Fiscales Anticorrupción logran condena de alcalde de
Olocuilta por Enriquecimiento Ilícito
El alcalde del municipio de Olocuilta,
en La Paz, fue declarado culpable
de Enriquecimiento Ilícito por un
monto de $249,045.78, luego que
fiscales de la Unidad Especializada de
Delitos de Corrupción, demostraran
la adquisición de propiedades con
fondos de la comuna.
La resolución fue emitida por los
magistrados de la Cámara de la
Tercera Sección del Centro con
sede en San Vicente, tras admitir
los valúos topográficos, peritajes
financieros contables y otros
elementos probatorios con los que
fundamentó la acusación.
La condena emitida el 31 de mayo
de 2019, obliga al funcionario
municipal a reintegrar al Estado el
total del monto no justificado en
patrimonio. La sentencia también
lo inhabilitó para optar y/o ejercer
cargos públicos durante 10 años, a
partir de la declaratoria en firme la
resolución.
En diciembre de 2016, la Corte
Plena ratificó el informe de la
Sección de Probidad y envió a juicio
al funcionario municipal, cuyos
bienes y cuentas bancarias, fueron
inmovilizadas.