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Consolidación - Firmeza - Solidez
Fiscalía procesa a exjueces especializados por favorecer a
estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y pandillas
Como resultado de una amplia y
sustentada investigación, la Fiscalía
General de la República logró el
desafuero de los jueces especializados de
Instrucción y Sentencia de San Miguel,
Jorge González Guzmán, Enrique
Alberto Beltrán y el juez suplente, José
Rodolfo Castillo, por los delitos de
Cohecho Propio y Cohecho Impropio,
al favorecer con sus resoluciones a
miembros de una estructura delictiva
transnacional vinculada al narcotráfico
y al accionar de las pandillas.
La investigación dirigida por un
equipo de fiscales de las oficinas
de San Salvador, San Miguel y la
Unidad Especializada de Delitos de
Narcotráfico, dio como resultado
la detención de 127 imputados el
29 y 30 de julio de 2014, entre los
que figuraron empleados judiciales,
policías, abogados y notarios, cabecillas
de pandillas y de narcotraficantes.
El 30 de julio de 2014, el Fiscal
General de la República presentó la
denuncia de antejuicio contra los tres
jueces, lográndose el 13 de agosto del
mismo año, la resolución favorable
de la Corte Suprema de Justicia,
procediendo de forma inmediata a
ordenar la detención administrativa de
los aplicadores de la ley.
Producto de esta investigación
realizada por la Fiscalía, la Corte
Suprema de Justicia inició un
proceso administrativo sancionador,
resolviendo destituir en mayo de 2015
al Juez Enrique Alberto Beltrán.
LaUnidaddeDelitosdeAdministración
de Justicia de la oficina fiscal de San
Salvador presentó la acusación ante el
Tribunal Especializado de Instrucción
de San Miguel contra 28 imputados,
entre ellos 12 abogados, 6 empleados
del Órgano Judicial, 6 vinculados
a la estructura de narcotráfico, 2
empleados de la Fiscalía General y dos
particulares.
El dictamen se sustenta en entrevistas
de al menos 80 testigos, análisis
relacional de bitácoras telefónicas
y abundante prueba documental,
consistente en las certificaciones de
los expedientes judiciales, donde se
consignan las resoluciones emitidas a
favor de los miembros de la estructura
criminal.
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