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OEA que consiste en un correo electrónico encriptado
para dejar mensajes de voz y texto para las investigaciones
penales internacionales.
• Se han gestionado, suscrito y operativizado Convenios
interinstitucionales: Con el Registro Nacional de las
Personas Naturales (RNPN); Centro Nacional de Registros
(CNR); se ha suscrito una ampliación con Ministerio de
la Defensa Nacional sobre el acceso de la información de
las armas ; se ha sol icitado ampliación de Convenio con
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sobre el acceso
a la información del archivo central que posee la Policía
Nacional Civil. Se han hecho gestiones con la Dirección
General de Migración, quedando pendiente la suscripción
del Convenio; se han hecho gestiones con el Viceministerio
de Transporte (VMD y SERTRACEN; se ha enviado
solicitud para la suscripción de Convenio con la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA) para el acceso a la información de su base de
datos de abonados; todo esto para minimizar los tiempos
y eficientar el proceso fiscal.
• Se desarrollo el Sistema de Información y Gestión
Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP). Consiste en el
desarrollo de una herramienta tecnológica para la gestión
del proceso f iscal que permita disponer de información
integrada y oportuna referente a los casos que se procesan
en la Fiscalía. El sistema tiene la capacidad de producir
informes de carácter gerencial de tipo estadístico, de
monitoreo, seguimiento y evaluación de los casos
procesados; este sistema está siendo implementado a
nivel nacional en las oficinas fiscales.
• t
• Se
implementó el proceso de digitalización de expedientes,
permitiendo con esto la reducción del manejo físico de los
expedientes y que es complemento del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal
(SIGAP).
Un logro relevante es el arbitraje que se está llevando a
cabo
en el CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS E INVERSIONISTAS
(CIADI) con sede en el Banco Mundial, en donde la Empresa
de Minería PACIFIC RIM presentó una demanda contra el
Estado de El Salvador, aduciendo que se le impidió
arbitrariamente explotar los yacimientos mineros de oro y
plata que ellos encontraron en la zona de Cabañas y
reclamando daños y
pe~uicios
por el orden de 200 millones
de dólares.
El Salvador, a través de una firma especializada en arbitrajes
internacionales y coordinando esfuerzos a través de la Fiscalía,
logró en la reciente audiencia celebrada en Washington, los
días 31 de mayo y 1
de
junio, presentar objeciones preliminares
a dicha demanda y obtener una posición sólida frente a la
comunidad jurídica internacional en el sentido de que no ha
sido arbitraria la decisión de El Salvador respecto de la
prohibición de explotar las minas por parte de
esta
empresa,
sino más bien que ellos no cumplieron con los requisitos
mínimos que la Ley de Minería exige para el otorgamiento
de dichos permisos .
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