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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Fiscal General supervisó
“Operación Cuscatlán”, contra las
estructuras financistas de la MS
Los procedimientos de registro y
allanamientos ejecutados en el marco
de la “Operación Cuscatlán”, fueron
dirigidos de cerca por un combinado
de fiscales a nivel nacional. EL
esfuerzo implicó girar más de 520
órdenes de detención y realizar 150
allanamientos en seis departamentos
a nivel nacional.
La operación dirigida el 14 y 15 de
febrero de 2018, tuvo como objetivo
golpear e intervenir las fuentes de
financiamiento de la organización
terrorista de la MS.
El Fiscal General, Douglas Meléndez,
supervisó la ejecución de los
procedimientos sobre la Avenida
Independencia, al sur de San
Salvador, donde funcionan una serie
de cervecerías, centros de tolerancia
y otros negocios utilizados por la
estructura criminal de la pandilla MS,
con fines de lavar dinero proveniente
de la extorsiones.
El
funcionario
confirmó
la
participación de los cabecillas de la
denominada “Ranfla nacional”, en la
comisión de nuevos delitos desde las
cárceles, por lo que fueron intimados,
Borromeo Henrríquez Solórzano,
alias “Diablito de Hollywood”; Saúl
Antonio Turcios, apodado “El Trece”;
Dionisio Umanzor, alias “Sirra”;
Elmer Rivera, alias “Croock”, Eduardo
Nolasco, alias “Colocho”, entre otros.
Uno de los objetivos de la operación,
según destacó el Fiscal General, fue el
de procesar a los cabecillas por nuevos
delitos cometidos desde las cárceles y
así garantizar que permanezcan en
prisión ya que algunos estaban pronto
a recuperar la libertad.
Esta nueva acción se suma a las
operaciones “Jaque” y “Tecana”,
centradas
en
desarticular
las
finanzas de la Mara Salvatrucha-13,
con resultados contundentes en
detenciones y decomisos de dinero
y bienes obtenidos producto de las
actividades criminales.
La investigación fue dirigida por
fiscales de las unidades especializadas
de Delitos de Crimen Organizado,
Extinción de Dominio y el Grupo 300,
este último dedicado a investigar los
bienes de las estructuras terroristas.
La estructura criminal invertía el
dinero proveniente de las extorsiones
en negocios ya establecidos o creaban
nuevos, en una clara tipicidad de
lavado.
Los procedimientos dejaron como
resultado la incautación de unos
$24,000 en efectivo y la inmovilización
de cuentas bancarias, propiedades y
vehículos.