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Fiscalía General de la República
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El alcalde del municipio de San
Alejo, departamento de La Unión,
Inmar Daniel Barrera Chávez, fue
enviado a juicio por el delito de
Negociaciones Ilícitas, luego que
los fiscales de la Unidad de Delitos
Relativos a la Administración de
Justicia de San Miguel evidenciaran las irregularidades en
la adjudicación de un proyecto a cambio $3,000.00 que el
edil exigió a la empresa ganadora.
La acusación incluye al jefe de la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones de la referida comuna, Lindolfo Azael
Canales Campos, por el mismo delito, mientras que por
Cohecho Activo (soborno), son procesados el propietario
Edil de San Alejo, La Unión a juicio por
dar obra a cambio de $3,000.00
y dos empleados de la empresa Perforaciones Dos Mil,
identificados como Inmar de Jesús Romero Herrera, Juan
Francisco Zelaya Morales y Ana Gilma Cruz de Orellana.
El gerente jurídico de la referida alcaldía, José Julián Flores
Arias, fue declarado rebelde y separado del proceso hasta
que sea detenido.
Tras valorar los elementos de prueba presentados por la
Fiscalía, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel
resolvió el 22 de febrero de 2016, dictar auto de apertura
a juicio para todos los imputados presentes. El caso fue
remitido al Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel,
donde en vista pública se definirá el futuro jurídico de los
imputados.
Promueven juicio por Enriquecimiento Ilícito contra
ex Director del Seguro Social
Un i nc r ement o pa t r imon i a l
injustificado de $738,931.37 por parte
del ex director del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social ISSS, Leonel Antonio
López Sosa, llevó a la Fiscalía General
de la República a formular la demanda
por el Enriquecimiento Ilícito ante la
Cámara Segunda de Lo Civil.
La demanda presentada por fiscales de
la Unidad Especializada de Delitos de
Corrupción el 12 de enero de 2016,
surge luego que el ex funcionario no
lograra justificar ante la Sección de
Probidad de la Corte Suprema de
Justicia, el aumento de sus ingresos
durante fungió como Director del
ISSS en el período 2011-2014.
La acusación también involucra a la
esposa del ex funcionario público,
Dennis Karina Hernández de Flores.
Las incoherencias en las declaraciones
patrimoniales de inicio y cese de
funciones como director de la
autónoma se centraron en las cuentas
bancarias, desembolsos de fondos para
la compra de vehículos.
Los bienes muebles e inmuebles del ex
funcionario público y su esposa han
sido inmovilizados, como medida
cautelar mientras se ventila el proceso
judicial, con el que se pretende
demostrar el Enriquecimiento Ilícito
en perjuicio del Estado.
$738,931.37
Monto patrimonial
injustificado