Página 47 - Memoria-de-Labores-2016

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Fiscalía General de la República
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Fiscal General satisfecho con dictamen
favorable a las propuestas de reformas legales
El Fiscal General de la República,
Douglas Arquímides Meléndez,
mostró su beneplácito por el acuerdo
alcanzado por los diferentes grupos
parlamentarios representados en
la Asamblea Legislativa, quienes
aprobaron con 79 votos las reformas
a los Códigos Penal, Procesal Penal y
Ley Penal Juvenil, propuestas por el
funcionario el 7 de abril de 2016 a los
diputados de la Comisión de Seguridad
y Combate a la Narcoactividad.
Las reformas tienen como objetivo
perseguir de forma efectiva el
delito y el crimen organizado ante
la metamorfosis que ha sufrido la
delincuencia en los últimos años,
especialmente con el actuar de las
organizaciones terroristas, en alusión
clara a las pandillas o maras.
La propuesta contempló la creación
de nuevos delitos desde el Código
Penal, tales como Limitación Ilegal a
la Libertad de Circulación, Resistencia
Agresiva, Uso Ilícito de Vehículo
Automotor, Tráfico Ilícito de Armas
de Fuego, entre otros.
También se propuso modificar la
Ley Penal Juvenil, en el sentido que
se permita ordenar la detención de
menores de edad, cuando se trate de
una investigación previa, tal como
ocurre con los adultos.
En la sesión plenaria del 28 de abril
de 2016, los diputados aprobaron
penalizar Hurto de Fluidos como
servicios de agua potable, energía
eléctrica, televisión po cable e internet.
De igual forma se aprobó ampliar
hasta 180 días el plazo para solicitar
la extinción de bienes obtenidos
mediante actividades ilícitas.
Las nuevas disposiciones legales
servirán para enfrentar el accionar de
la delincuencia y la actividad criminal
de las pandillas y demás estructuras del
crimen organizado.
Las reformas tienen como objetivo
lograr efectividad en la persecución
del delito y el crimen organizado
ante la metamorfosis que ha sufrido
la delincuencia en los últimos años
En la sesión plenaria del 28 de abril de 2016,
se aprobó penalizar el Hurto y Robo de Fluidos
como servicios de agua potable, energía eléctrica,
televisión por cable e internet, de igual forma se
solicitó ampliar hasta 180 días el plazo para solicitar
la extinción de bienes obtenidos de forma ilícita.