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POLfTICA DE PERSECUCIÓN PENAL
Por primera vez, el legislador ha dejado en manos del Fiscal
General de la República dictar la Política de Persecución
Penal, esto implica un reconocimiento al papel protagónico
que tiene la Institución en el contexto social y la responsabilidad
de conducir las estrategia, orientaciones e instrucciones
pertinentes y suficientes para alcanzar los objetivos
institucionales y cumplir con eficiencia y efectividad el mandato
de promover la acción penal pública en representación de
los intereses del Estado y la Sociedad.
La Política de Persecución Penal establece los criterios y
directrices, estrategias y programas que orientan la forma en
que los fiscales y la Institución en general, ejecutan su trabajo
para la solución efectiva de los conflictos y el abordaje de la
criminalidad , principalmente desde la perspectiva represiva
distribuyendo los recursos de acuerdo al presupuesto asignado
por el Estado.
El punto de partida de la Política son los principios
constitucionales y legales que se constituyen en normas
rectoras de la actuación de los fiscales auxiliares en la
investigación del delito. La Política de Persecución Penal, no
es más que el conjunto de estrategias que permitirán el
cumplimiento del mandato constitucional haciendo un uso
eficiente y racional de los recursos humanos y materiales
otorgados, y tomando en cuenta las limitantes que nos impone
el entorno jurídico en el que nos desenvolvemos.
En consecuencia, la Política de Persecución Penal, constituye
un instrumento y eje transversal en el Fortalecimiento
Institucional para el abordaje de los problemas planteados
por la criminalidad en general y en sus específicas
manifestaciones.
La
misma, forma parte de la Política Criminal
del Estado.
En este sentido la persecución de los delitos, es susceptible
de mayor eficacia gracias a los principios de unidad y
dependencia que caracterizan la estructura de la Fiscalía
frente a la independencia propia de los órganos judiciales,
pues un Órgano asentado en todo el territorio nacional, bajo
una sola dirección, es más apto para la investigación penal
que aquellos que por su propia naturaleza actúan de forma
individual debido a su independencia constitucional.
La
Política de Persecución Penal define prioridades y criterios
objetivos que permitan adecuar la gestión institucional, teniendo
en cuenta las limitaciones presupuestarias, con el fin de
satisfacer a los usuarios, procurando:
1. A las víctimas, la solución de su caso, a través de los
medios alternativos o mediante el juicio y el respeto de
sus derechos y facultades.
2. A la colectividad, un tratamiento eficiente de la
investigación de los hechos punibles.
3. Al imputado, ser investigado y juzgado por efectivas
infracciones a la ley penal, con estricto apego al respeto
de su personalidad y de sus derechos y garantías
fundamentales.