San Miguel. La Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, le da la razón a la Unidad de Administración de Justicia de la FGR de San Miguel, al anular la resolución absolutoria que el Juzgado Segundo de Sentencia emitió a favor del alcalde de San Alejo, en el departamento de La Unión y cuatro implicados más, en los delitos de Negociaciones Ilícitas y Cohecho Activo. Además, ordenó un nuevo juicio en otro tribunal.
La resolución del Tribunal Superior, considera que el Juez Segundo de Sentencia, incurrió en la “falta de fundamentación analítica… y de no existir… sustento en la totalidad del elenco probatorio”.
Por similares criterios jurídicos, la representación Fiscal, interpuso el recurso de apelación ante la Cámara, por “falta de fundamentación probatoria y vulneración a las reglas de la sana crítica”.
El edil, del municipio de San Alejo, Immar Daniel Barrera Chávez, de 44 años, enfrentó el juicio por el delito de Negociaciones Ilícitas, el 18 de noviembre de 2016, pero la resolución fue dada por el Juez el 12 de diciembre del mismo año.
La Unidad de Administración de Justicia, lo procesó porque considera que el funcionario favoreció presuntamente a una empresa y aceptó dinero en la adjudicación de un proyecto de abastecimiento de agua potable, por un monto de 24 mil dólares.
Entre las pericias presentadas por la representación Fiscal están: escuchas telefónicas, prueba documental, testimonial y pericial.
Junto al edil, es procesado por el mismo delito, el responsable jurídico de la comuna, José Julián Flores Arias, de 38 años, quien ha sido declarado rebelde por ser prófugo de la justicia. También, el jefe de la UACI de la Alcaldía, Lindolfo Azael Canales Campos, que responde por la misma acción ilícita.
Mientras que, por el delito de Cohecho Activo, son enjuiciados, el propietario y dos empleados de la empresa Perforaciones Dos Mil, S.A. de C.V., Ymmar de Jesús Romero Herrera, Juan Francisco Zelaya Morales y Ana Gilma Cruz de Orellana, a quien se le adjudicó el proyecto.
De acuerdo al dictamen de acusación fiscal, los representantes de la Alcaldía favorecieron a la empresa adjudicándole el proyecto “Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable en cantón Terrero Blanco, caserío El Caraón, del municipio de San Alejo”.
Según las investigaciones fiscales, el Alcalde fue favorecido por la empresa con 3000.00 dólares, mientras que el representante jurídico, recibió 1000.00 dólares.
El jefe de la comuna ya enfrenta una sentencia a un año de prisión (al que se le aplicó la suspensión condicional de la pena) por el delito de usurpación, el cual fue confirmado el año 2015, por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
