En segundo día de juicio, Fiscalía establece ante juez los beneficios que exalcalde de Apopa otorgó a pandilleros

Por: / enero 23, 2018

Con abundantes elementos de prueba la Fiscalía General de la República (FGR), ha logrado establecer durante el segundo día de vista pública, la participación del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, en graves delitos, los cuales se le atribuyen junto a 61 imputados, entre los que figuran ex trabajadores municipales y miembros de estructuras terroristas.

Los fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas, participan desde este lunes en el juicio, el cual está previsto que se desarrolle durante esta semana en el Tribunal Especializado de Sentencia “A” en San Salvador. A los imputados se les procesa por Homicidios Agravado y Tentado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado y Organizaciones terroristas.

“El testigo ‘Ninja’ ha venido a establecer de forma clara en sede judicial, la colaboración y apoyo que la Alcaldía Municipal le brindaba a los miembros de la pandilla 18, a cambio de objetivos electorales para las elecciones del 2015”, explicó uno de los fiscales asignados al caso.

Y es que hasta el momento, la FGR, ha demostrado categóricamente las diversas formas en que eran beneficiados los miembros de las estructuras criminales, pues hasta se organizaron eventos para obtener fondos y así cumplir las negociaciones ilícitas que se habían pactado.

“Ha quedado demostrado por parte del testigo que hubo ayuda económica, suministros para combustibles, mantenimiento y repuestos para vehículos, asignación de líneas telefónicas y plazas de trabajo a pandilleros y sus familias, entre otros beneficios”, argumentó el fiscal especializado.

La representación fiscal prevé presentar más testigos de cargo, así como la reproducción de la prueba documental, entre la que se destaca una serie de peritajes y principalmente los audios de las intervenciones telefónicas.

El juicio podría finalizar este próximo 26 de los corrientes y desde ya la FGR reitera la petición que hará al aplicador de justicia, la de emitir un fallo de tipo condenatorio declarando la participación de los encausados y se les imponga las penas que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión.