El miembro del Concejo Municipal y jefe del CAM, Julio César Peña Orellana, desapareció el siete de mayo del año dos mil dieciséis.
Cojutepeque, Cuscatlán. Por omitir hacer una valoración completa de la prueba presentada en la vista pública y existir “elementos directos que permiten establecer” la participación de los imputados, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, anuló la sentencia absolutoria a favor de seis integrantes de la MS, procesados por la privación de libertad del Síndico de la comuna del municipio de El Rosario, de quienes hasta el moemnto se desconoce su paradero.
La resolución también establece que se realice un nuevo juicio contra los imputados y que el caso sea conocido por un juez diferente.
La Cámara le dio la razón al Fiscal del caso de la Unidad de Vida de Cojutepeque, que hizo uso del recurso de apelación al considerar que la sentencia emitida por el juez suplente del Tribunal de Sentencia, José Virgilio Jurado Martínez, no estaba acorde a la prueba que se conoció en el juicio en el 12 de octubre de 2018.
En esa fecha fueron juzgados: David Alfonso Marroquín Lobato, Saúl Omar García López, Oscar Amílcar García López, Francisco Javier Montoya Mejía, David Ernesto Guevara Ramos y Richard Lincon Sarkar Villalta, por la privación de libertad del Síndico, Julio César Peña Orellana.
Aún desaparecido
El miembro del Concejo Municipal, desapareció el 7 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando se transportaba en un pick up, en la zona conocida como Los Gramales, del cantón Veracruz, de la juridicción de El Rosario, en el departamento de Cuscatlán.
Peña Orellana que además de fungir como Síndico municipal, ostentaba el cargo de Jefe del CAM, aún no ha sido encontrado, así como el el vehículo automotor ene lque se conducía, y en las acciones ilícitas participaron un aproximado de siete mareros que operaban en el cantón Veracruz.
Prueba testimonial
Los Magistrados de la Cámara en su escrito establecen que la resolución del juez, “no es ajustada a la recta razón, específicamente porque no es el resultado de una correcta valoración de la prueba”, tanto pericial, documental y testimonial.
Por lo menos cinco testigos y un criteriado establecen la forma concordante, en que operó el grupo terroristas y las llamadas que le realizaron para que la víctima se desplazara del tiangue municipal de San Rafael Cedros hasta el cantón Veracruz. Y la forma en que fue asesinado y enterrado.
