San Miguel. El médico José Efraín Márquez Bernal, de 34 años, fue declarado responsable y sancionado con ocho años de cárcel por agredir sexualmente a una niña de once años, al interior de una clínica comunal del municipio de Ciudad Barrios.
La Fiscal del caso de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de San Miguel, demostraron con suficientes pruebas, que el galeno cometió el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada en contra de la menor, el doce de enero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las 2:00 de la tarde.
De acuerdo a la víctima y a los testigos los hechos se dieron en la clínica comunal del cantón Llano El Angel, de Ciudad Barrios, donde la menor estaba en control de crecimiento.
La víctima estaba acompañada por su madre en la consulta, pero como adolecía de un dolor de cabeza, el galeno, le afirmó que le pondría una inyección, por lo que entró a otro cuarto donde había una cortina.
Según la víctima, el médico le hizo tocamientos indebidos, por lo que comenzó a gritarle a su mamá. El imputado intentó ponerle la inyección y la pinchó, según la denuncia.
La menor llorando le pidió a su madre que se retiraran del lugar, por lo que le había sucedido. El galeno le pidió a la madre que platicaran para aclarar lo sucedido, y le aseguró que él no le había hecho nada.
El profesional de la medicina enfrentó un primer juicio el 19 de septiembre del año dos mil dieciséis a cargo del Juez, José Fredy Aguilar Fernández, que lo beneficio con un veredicto absolutorio, porque no le dio credibilidad a lo dicho por la víctima y porque no había suficiente evidencia pericial, según su criterio.
Sin embargo, la representación Fiscal interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, que anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en el mismo Juzgado Segundo de Sentencia.
La segunda Vista Pública, estuvo a cargo del Juez, Luciano Lobato, que sí encontró suficientes pruebas para condenar al galeno a ocho años de cárcel y a pagar a los familiares de la víctima trescientos dólares en concepto de responsabilidad civil.
