Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), cuestionó la resolución emitida la tarde anterior por la Cámara Primera de lo Penal, al liberar bajo fianza a José Adán Salazar Umaña y a otras imputadas procesadas por Lavado de dinero, al tiempo que aseguró que la Institución fue sorprendida ante esa disposición judicial.
Dicha instancia, revocó la medida cautelar de la detención provisional por medidas alternativas a la detención para Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar Cruz y Romelia Guerra Argueta; igual decisión tomó para Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, aunque estos últimos dos, recobraran su libertad, previa entrega de la respectiva caución económica por hipoteca o fianza establecida en 100 y 200 mil dólares, respectivamente.
“La resolución no está ajustada respecto a las evidencias que nosotros presentamos al momento de promover la correspondiente promoción penal. Hemos sido sorprendidos porque este ha sido un caso complejo, emblemático y en el cual se presentó abundante evidencia, y desde nuestra óptica, se dejó de observar para brindarles medidas a los imputados”, razonó el fiscal jefe.
Agregó que en el análisis jurídico que la Cámara ha hecho, hay deficiencias porque ha dejado fuera elementos importantes. Uno de ellos, detalló, es que ignoraron un análisis contable financiero que va del año 2003 hasta 2015, y en su defecto, valoraron las fiscalizaciones realizadas en el 2010 y 2011.
Además, afirmó que se ignoraron las transacciones efectuadas por Jesús Sanabria Zamora, quien perteneció al Concejo Municipal de la Alcaldía de Metapán. El sujeto en referencia ha sido condenado a 12 años de prisión, por Tráfico ilícito de drogas.
“Esa persona hizo depósitos, tanto en el 2011 y 2012 hacia las cuentas de Salazar Umaña, y nosotros determinamos que es un indicio bastante fuerte y determinante para poder ser valorado; sin embargo, sorprende que los magistrados no se hayan tomado la molestia de revisar de forma completa toda la evidencia presentada”, argumentó Cortez
En ese sentido, el Jefe de la UIF, consideró que la decisión de brindarle medidas a los implicados puede generar impunidad, ya que podrían dejar de enfrentar el proceso judicial y en consecuencia advirtió que la FGR, se desliga de cualquier responsabilidad si llegasen a evadir a la justicia.
Cuestionó que las medidas que han sido otorgadas por la Cámara, están al alcance de Salazar Umaña y de las otras personas favorecidas.
“El poder económico que ellos ostentan, no significa que les será imposible obtener dichas cantidades. Ya hay procesos en los que se ha generado impunidad, al aplicarles estos beneficios como el caso del imputado Enrique Rais”, concluyó.
